El ex presidente de Francia Nicolas Sarkozy, imputado por corrupción en uno de los varios casos que le afectan, logró ayer una pequeña victoria judicial cuando el Tribunal de Apelación de París le dio la razón en una demanda por unas grabaciones que realizó, a traición, uno de sus antiguos consejeros.

La corte confirmó la sentencia dictada en primera instancia en marzo, en procedimiento de urgencia, y que obligaba a su ex consejero Patrick Buisson a indemnizar a Sarkozy y su esposa, Carla Bruni, con 10.000 euros.

El dictamen ratifica también que la publicación Atlantico retire el contenido de esas grabaciones de su web, un extracto poco comprometedor de conversaciones privadas de Sarkozy y su entorno registradas sin permiso y en secreto. El Tribunal de Apelación confirmó que Atlantico había borrado ya esas grabaciones y condenó también al semanario satírico Le Canard Enchaîné a otros 10.000 euros de multa y a publicar la sentencia, pues reprodujo gran parte de aquellas conversaciones.

La web recurrió la primera sentencia por entender que se respetó el derecho a la privacidad de la pareja Sarkozy-Bruni, al publicar sólo una decena de minutos de las horas de grabaciones disponibles y excluir fragmentos de carácter personal.

Se apoyó también en el derecho a la información, pues entiende que esos extractos ilustran el sistema de grabaciones de Buisson, un asesor cercano a Sarkozy, experto en sondeos de opinión pública y con un pasado de extrema derecha que traicionó la confianza del político al que aconsejaba.

Buisson asegura que realizó esas grabaciones por no tomar notas en las reuniones en las que participaba, aunque no informaba a los presentes de que sus palabras quedaban registradas en un dictáfono oculto, y sostiene que no fue él quien las filtró.

La de ayer supone una pequeña victoria judicial para el ex presidente, inmerso en varias instrucciones e imputado el martes por corrupción activa en una investigación sobre supuesto tráfico de influencias.

Ese caso, por el que tuvo que declarar ante la Policía durante 15 horas para terminar imputado, podría suponerle una pena máxima de hasta diez años de cárcel y se refiere también a unas escuchas, aunque ordenadas por los jueces instructores.

Se trata de una serie de intervenciones de sus teléfonos por parte de los jueces que estudian una posible financiación de su campaña de 2007 con dinero negro del derrocado líder libio Muamar el Gadafi.

Los investigadores descubrieron que Sarkozy y su abogado, también imputado, presuntamente intercambiaban favores con altos magistrados a cambio de que les filtrasen información sobre los avances en las instrucciones que amenazan al ex presidente.