Buena parte de los grupos políticos de la Eurocámara criticaron ayer duramente las expulsiones de gitanos rumanos y búlgaros decididas por el Gobierno francés y atacaron a la Comisión Europea (CE) por lo que consideran una respuesta demasiado tibia.

Socialistas, liberales, verdes e Izquierda Unitaria aprovecharon el debate celebrado en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) para dejar clara su oposición total a la política de deportaciones que defiende el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y para exigir a la Comisión que se pronuncie claramente sobre la legalidad o ilegalidad de la misma.

La comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, explicó que los servicios jurídicos de la Comisión se encuentran en pleno análisis de las expulsiones y que, por tanto, no puede dar una opinión definitiva sobre el asunto.

En caso de que el estudio de Bruselas detectase una violación de las normas europeas, Reding aseguró que no dudará en actuar contra Francia o contra cualquier otro país, y recordó que ya se han pedido aclaraciones a París ante ciertas dudas en cuanto a las garantías en el procedimiento de las repatriaciones.

La comisaria agradeció la cooperación mostrada hasta ahora por el Ejecutivo francés y recordó que las autoridades del país han garantizado que las expulsiones se llevan a cabo tras estudiar caso por caso y no van en contra de un colectivo concreto.

Sin embargo, Reding expresó su preocupación por la "retórica" que ha podido oírse en Francia y otros países en torno a los gitanos y subrayó que la libre circulación de personas, la igualdad de trato y la no discriminación son derechos fundamentales en la UE.

La comisaria hizo la mayor parte de esas consideraciones en su segunda intervención, después de escuchar duras críticas a la respuesta de la Comisión por parte de numerosos eurodiputados.

"Estoy profundamente decepcionado escuchando hoy a la Comisión Europea", señaló en nombre del grupo socialista Hannes Swoboda, que llamó al Ejecutivo comunitario a asumir su "responsabilidad" ante unas expulsiones que, para la segunda fuerza de la Cámara, violan la legislación comunitaria.

Más duros se mostraron los liberales tanto con la Comisión como con Francia, a quien acusan de "aprovecharse de la vulnerabilidad" de la comunidad gitana y de actuar con "cinismo" hablando de retornos voluntarios.

La diputada liberal rumana Renate Weber criticó también a Bruselas por su "silencio ensordecedor" cuando hace años Italia tomó decisiones similares a las francesas e instó a la Comisión a "demostrar su papel de guardián de los tratados y la legislación".

"No niegue usted la realidad, asuma sus responsabilidades", le insistió también a Reding la ecologista Hélène Flautre.

En la mañana de ayer, el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, lanzó una advertencia a los gobiernos para que garanticen el respeto de las reglas europeas y no caigan en el racismo y la xenofobia, aunque no mencionó explícitamente a Francia.

Un buen número de diputados acusaron ayer a Sarkozy de utilizar a la comunidad gitana como "chivo expiatorio" para tapar sus propios problemas políticos y advirtieron de las consecuencias que su política puede tener en otros países.

Mientras, la mayor parte de los parlamentarios que intervinieron en el debate por parte del Partido Popular Europeo (PPE) -familia política de Sarkozy- denunciaron que el asunto de los gitanos se está usando como arma política contra el presidente galo.

El grupo conservador insistió en la necesidad de una estrategia global para la integración de la comunidad romaní en Europa, tal y como defiende en su propuesta de resolución de cara a la votación que la Eurocámara celebrará mañana sobre el asunto.

El centroizquierda, mientras, pretende que el Parlamento Europeo incluya en su pronunciamiento una crítica explícita a las expulsiones en Francia.

Por su parte, el Gobierno francés denunció las declaraciones "totalmente excesivas" de algunos diputados europeos en el debate, según afirmó el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche.