Margarita Rodríguez apenas tenía 21 años, cuando con su actual pareja, Francisco de 23, comenzaron la construcción de su actual residencia allá por el año 2011, una casa en el campo de Conil, en una zona conocida como Los Majadales de Roche. Era lo que habían hecho sus abuelos, sus padres, sus suegros, y muchos de sus amigos. El sueldo que tenían no les daba para meterse en una hipoteca, que ningún banco les daría. Por ello, en unos terrenos comenzaron poco a poco a edificar el que sería su hogar y el de sus tres hijos que tienen, con tres, cinco y ocho años.

Según relata Margarita, “al año de comenzar la construcción nos llegó una carta del Ayuntamiento donde nos informaban que habíamos sido sancionados por la edificación de una casa ilegal”. Se trataba de una sanción que todos los que tienen una casa en el campo sabían que tenían que hacer frente a ella, por lo que fueron al Ayuntamiento y abonaron su importe.

Pasado un tiempo les llegó otra carta, esta vez de la Fiscalía. “Eso ya no era normal, ya que lo normal es que llegue solo una carta”, expone. “Ahí ya nos preocupamos un poco”, agrega. “Fuimos al Ayuntamiento, hablamos con un técnico de Urbanismo, y nos dijo que no nos preocupemos, que eso es una cosa que se hace así, y nos aconsejó que terminásemos la casa por fuera”, relata.

Cuando se disponían a intentar acabar la obra en su parte externa, su marido Francisco se quedó en el paro, y ella embarazada, por lo que todo quedó paralizado. Tras un año, retomaron su proyecto de vivienda, llegándoles en 2015 otra nueva carta de la Fiscalía, donde les informaba que el Ayuntamiento de Conil pedía su demolición. Margarita asegura que “en el campo nunca había pasado esto”. “Siendo el proceso judicial nuevo para nosotros, mi padre con 70 años nunca lo había conocido, mi suegro tampoco”, sostiene.

Las notificaciones de la Fiscalía pidiendo el derribo siguieron llegando, hasta el pasado día 25 de septiembre de este año, que les llegó la última para el cumplimiento de la orden de demolición. Según explica esta vecina de Conil, la única carta que les quedaba por jugar, era sacar el Asimilado Fuera de Ordenación (AFO), haciéndole un técnico una peritación de su vivienda y presentando la documentación en el Consistorio conileño.

“El juez nos dijo que si la casa se iba a regularizar y que iba a ser legal, no había porque tirarla, pero los fiscales dicen que no, que no admiten AFO y que las cosas se quedan como están, por lo que tenemos que demoler”, expone. No obstante, confía en lo dicho por su abogado de que “todo, no está perdido, y se puede pelear”, pero “es una cosa que está en los juzgados, y ellos son los que mandan”.

Margarita subraya que “en el campo nunca se ha dado licencia”. “Tú hacías la casa, te venía una multa por parte del Ayuntamiento y la abonabas, así lo han hecho mis primos, mis vecinos, todo el mundo, hay unas 7.000 viviendas y todo el mundo ha hecho tal cual he hecho yo”, insiste. “Si la primera vez que fui al Ayuntamiento me dicen que iba a ser derribada, en vez de aconsejarme que la acabara, no la habríamos terminado y puesto en ella todos nuestro ahorros”, añade.

Margarita argumenta que “son tres menores que se quedan en la calle”, cuando sus amigos tienen casa en los alrededores, preguntándose por qué ellos pueden tenerla, “y nosotros no la podemos tener”. Recuerda que ella paga su contribución (Impuesto de Bienes e Inmuebles), y tiene de alta la luz y basura. “Tengo todos los servicios, si a mí me han dado estos servicios, ¿es porque esos servicios son legales, y mi casa no?”, se pregunta.

En su misma situación está David Sánchez, quien decidió en el año 2011 empezar a construir una vivienda en un terreno de sus padres. “Fue por mi situación económica, ya que no tenía dinero para hacerle frente a un piso. Con la ayuda de mis hermanos y con mucho esfuerzo, poco a poco, la pude construir al igual que mucha gente en el campo”, expone. Tras culminar su casa, en abril de 2011, le multaron a través del Ayuntamiento, y dos años después, en 2013, la denuncia llegó por Fiscalía.

David recuerda que habló con el entonces concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, quien le dijo que no se preocupara, “que la casa no la iban a derribar, que habían visto muchas cosas en mi informe, y hasta el día de hoy todo es incierto”. Recuerda que en ese mes de abril de 2011, en el mismo carril donde tiene su casa se inició la construcción de otras cinco viviendas, y solo la suya está en Fiscalía, algo que no califica de sorprendente, sino de “una injusticia”.

Igualmente se lamenta de que “todos los miembros de los partidos políticos de Conil tienen viviendas en el campo, unos como primera vivienda y otros para alquilarlas”. Así, se pregunta quién tuvo el criterio de mandar unas sí y otras no, ya que según sus datos, “de las 7.000 casas ilegales, solo están en Fiscalía unas 30 o 40 viviendas”.

Este vecino de Conil, que tiene esta casa como primera vivienda desde hace siete años, apunta que se queda en la calle. “No tengo adonde ir, ni un cuarto donde meterme”, asegura. “No le deseo a ningún humano los diez años que yo llevo pasando. Yo veo la moto de Correos y tiemblo. Si yo hubiese tenido una vivienda la habría derribado ya desde la primera denuncia, porque esto es muchas noches sin dormir pensando a ver dónde me meto con mi familia, muchas noches de incertidumbre, muchas noches llorando, y que yo soy un pobre, no tengo dinero”, reitera. Margarita y David acudieron al último Pleno del Ayuntamiento, a la desesperada, para pedir una ayuda, que de momento no llega.