Citan a declarar a los exalcaldes de Vejer por un presunto caso de prevaricación y malversación

Los ex alcaldes de Vejer, José Ortiz (PP) y Antonio Jesús Verdú (PSOE), tendrán que acudir a declarar, en calidad de investigados, ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Barbate el próximo 16 de septiembre, tras haber aceptado el Ministerio Fiscal la denuncia presentada por una trabajadora de este Ayuntamiento por un presunto caso de prevaricación y malversación de dinero público.

También han sido llamados a declarar el actual alcalde, Manuel Flor, y el actual delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez, y otros tres concejales municipales, Vicenta Morillo, Manuel Basallote y Miguel Ángel Peña, todos ellos ediles de la Corporación municipal en la fecha en la que se denunciaron estos hechos.

En el caso de José Ortiz, esa citación queda sin efecto al estar aforado por su cargo como diputado nacional, por lo que debería solicitar dicha personación el juzgado barbateño al Tribunal Supremo.

El ex alcalde popular asegura que "Nadie me ha llamado a declarar y después de siete años tengo muchas ganas, para dar carpetazo a este asunto".

José Ortiz ha defendido que "muchas de estas cuestiones son del anterior gobierno socialista y por cuestiones puramente administrativas", recordando que el anterior alcalde socialista "también ha sido llamado a declarar por obras y servicios de su etapa" y ha recordado su situación de aforado como diputado nacional, que le exime de acudir ante el juez.

En la denuncia que defiende el bufete de abogados Dávila y Asociados de Cádiz, y que tiene fecha de noviembre de 2014, posee un informe de la interventora de este Consistorio de un mes antes, donde se exponen una serie de contrataciones públicas que podían presentar "indicios suficientes para la apertura de una causa penal e investigación" contra estos representantes municipales.

La interventora, en su escrito, alerta de una actividad "más que sospechosa" en la emisión de algunas facturas por parte del Ayuntamiento y que, en su opinión, es contraria al procedimiento administrativo en materia de contratación y subvenciones, lo que, a juicio del bufete, "podría incurrir en delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos".

En la denuncia se presenta como prueba el informe de la interventora que da cuenta de una serie de facturas en las que se incurre en once presuntas irregularidades por parte del gobierno local de Vejer, que entonces presidía José Ortiz, que fue alcalde hasta 2019, cuando renunció a su cargo para ser diputado del PP por Cádiz en el Congreso.

Entre las pruebas aportadas por los abogados se encuentran hasta cuatro contratos a la empresa Autos Gonzalo en concepto de "servicio urbano tercera edad pedanías", algo que genera "dudas" sobre la finalidad de los mismos para la interventora, que apunta a un fraccionamiento de contratos para disminuir la cuantía, algo que no se permite en base al artículo 86 de la Ley de Contratos del Sector Público. Además, recoge la interventora en su informe, "no existe documentación que acredite la formalización de un contrato de gestión de servicio público entre la empresa y el Ayuntamiento de Vejer".

En el escrito se exponen otra serie de irregularidades en base a una posible desatención de la normativa administrativa, contrataciones arbitrarias, fraccionamiento de contratos y privando de acceso a otras empresas, y falta de documentación y expedientes en algunas contrataciones y servicios.

Sobre varios contratos adjudicados a la constructora Manuel Alba, los abogados aseguran que son "la más clara y patente actuación al margen de la ley" del Consistorio al dar por buenas dos facturas del mismo importe y concepto, por casi 50.000 euros cada una, y que fueron validadas por el concejal de Mantenimiento Urbano. En este caso, la interventora recuerda que no se puede contratar de manera separada, mediante expedientes independientes, las prestaciones que "por su naturaleza deberían integrarse en un único objeto".

El bufete Dávila y Asociados expone en los fundamentos de derecho de su denuncia la inhabilitación para empleo o cargo público de 7 a 10 años por prevaricación y penas de cárcel que van de entre tres y seis años por sustracción de caudales públicos y de cuatro a ocho años por malversación.

Tras presentar la denuncia en 2014, es ahora cuando el juzgado ha llamado a declarar a los anteriores alcaldes en calidad de investigados, así como al regidor actual y al actual delegado territorial, además de cuatro concejales del PP y del PSOE en este municipio.