Medidas para mejorar la transparencia de la Justicia

El juez "portavoz o divulgador"

  • Los presidentes de las Audiencias Provinciales españolas apuestan por crear la figura de un magistrado que explique a la ciudadanía el contenido de las decisiones judiciales

El juez "portavoz o divulgador" El juez "portavoz o divulgador"

El juez "portavoz o divulgador"

La sentencia de la Audiencia de Navarra que condenó a los cinco jóvenes sevillanos de la Manada por un delito de abusos sexuales y no por agresión sexual generó una ola de indignación a nivel nacional. Lo mismo ocurre con frecuencia con otras decisiones judiciales que reciben una fuerte contestación de la opinión pública y generan reacciones contrarias en la ciudadanía, que no acaba de comprender o simplemente no está de acuerdo con la decisión que los jueces han plasmado en esa sentencia.

La propia Administración de Justicia es consciente de la necesidad de trasladar a la ciudadanía con rigor la información que parte de los tribunales y que inunda los medios de comunicación, extendiéndose a todos los ámbitos informativos. La cuestión ha sido analizada recientemente en las XIX jornadas de presidentes de las Audiencias Provinciales de España, celebradas en Vitoria, donde estos magistrados han propuesto que, en línea con las recomendaciones de la red europea de Consejo de Justicia, debería estudiarse la oportunidad de crear la figura del “juez portavoz” o el “juez divulgador”.

Con el juez portavoz se pretende “fortalecer la confianza” de los ciudadanos en la Justicia

Este juez, según la propuesta de los presidentes de las Audiencias, actuaría en colaboración con los gabinetes de comunicación de los Tribunales Superiores de Justicia, con la “aptitud y formación apropiada”, para “explicar a la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, el contenido de decisiones judiciales y su fundamento en las normas y principios constitucionales”. El objetivo, concluyen, sería “fortalecer la confianza en la Administración de Justicia a través de su función divulgativa”.

Esta figura sería además “compatible” con el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con la información pública que corresponde a las oficinas de comunicación y la labor que en el mismo sentido pueden desarrollar los presidentes de los tribunales y los jueces decano, y también, “especialmente, con la función de comunicación que corresponde al Ministerio Fiscal según su estatuto orgánico”.

En este sentido, el artículo 4.5 del estatuto del Ministerio Fiscal establece que la Fiscalía, para el ejercicio de sus funciones, podrá “informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto del sumario y, en general, a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados”.

Las asociaciones profesionales de jueces y magistrados hace ya tiempo que tomaron nota de esas necesidades, por lo que en la actualidad es frecuente la aparición de los portavoces de estas asociaciones en los medios de comunicación para analizar e interpretar sentencias y procesos judiciales de interés general.

Entre las medidas para mejorar las transparencia y la comunicación de la Justicia, los presidentes de las Audiencias Provinciales también interesan al CGPJ para que por parte del Ministerio de Justicia se dicte una instrucción que regule los “cauces de colaboración entre los Letrados de la Administración de Justicia –los antiguos secretarios judiciales– y las oficinas de comunicación en el ámbito de los Tribunales Superior de Justicia”, una medida que surge tras el conflicto planteado precisamente por la difusión de los datos de la víctima de la Manada en la sentencia que se facilitó a los medios de comunicación.

La norma, según las conclusiones de los presidentes de las Audiencias Provinciales, deberá tener en cuenta la vigente legislación en materia de Protección de Datos de carácter personal y su normativa de desarrollo, “estableciendo una relación fluida y estable que haga posible el cumplimiento de lo dispuesto en la carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia”, que establece precisamente que “el ciudadano tiene derecho a recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales”.

Los presidentes insisten en la transcripción de las declaraciones de los investigados y testigos

Pero las propuestas de los presidentes de las audiencias españolas abarcan otras cuestiones que recientemente han generado cierta polémica como la transcripción de las declaraciones de los investigados y testigos en la fase de instrucción. En este punto, la Audiencia de Sevilla ha obligado a los jueces de Instrucción a transcribir las declaraciones que se graban en formato audiovisual.

En relación con este aspecto, los presidentes de las Audiencia Provinciales reunidos en Vitoria han acordado que en los juicios que se celebran ante el tribunal del jurado popular, los testimonios que se entreguen a las partes por los Letrados de la Administración de Justicia “deberán ser en formato papel”.

En los casos en que las declaraciones testificales o de investigados hayan sido grabadas en fase de instrucción, a excepción de las de menores de edad o las preconstituidas, “deberá valorarse la facilitación del ejercicio del derecho de defensa, y en su caso, con base en la afectación de derechos fundamentales protegidos en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derecho Humanos (CEDH) acordar la transcripción”, señalan.

Por todo ello, los presidentes de las Audiencias Provinciales solicitan a las distintas administraciones con competencias en Justicia que provean a los juzgados y tribunales de “medios tecnológicos o en su defecto personales que hagan posible dicha transcripción, de forma que esa actividad no cause disfunciones en la ordinaria actividad de los funcionarios”.

Refuerzos para los macrojuicios

De otro lado, los presidentes de las Audiencias también han propuesto en su reunión anual una serie de medidas relacionadas con los macrojuicios, para los cuales los presidentes deberán “interesar” de la Sala de Gobierno de los Tribunales Superiores el refuerzo de magistrados que “se estime preciso para que el buen funcionamiento de una Sección no se vea alterado con la celebración de dichos juicios, de tal modo que siempre en la sección queden tres magistrados para seguir atendiendo la celebración ordinaria del resto de juicios, deliberaciones, otros actos procesales y el dictado de resoluciones urgentes”.

Esta medida ya se acordó en Sevilla, por ejemplo, con motivo del juicio de la pieza política de los ERE, que se prolongó durante un año y que está a la espera de sentencia.

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