La juez de guardia ha dejado en libertad con cargos al dueño y los tres antiguos empleados de la agencia de detectives Método 3, acusados de un delito de revelación de secretos, aunque ha retirado el pasaporte al propietario de la empresa, Francisco Marco, y a la detective Elisenda Villena. Según han informado fuentes judiciales, Marco y Villena, junto a los antiguos empleados de Método 3 Julián Peribáñez y Alex Borreguero, han declarado durante toda la mañana ante la juez de guardia, tras haber sido detenidos el pasado lunes a raíz de la denuncia presentada por el PP por el presunto espionaje político a su presidenta, Alicia Sánchez-Camacho.

En sus declaraciones, los imputados han mantenido ante la juez versiones opuestas sobre quién hizo el encargo de grabar el almuerzo que mantuvieron en el restaurante La Camarga de Barcelona Sánchez-Camacho y Maria Victoria Álvarez, ex pareja de Jordi Pujol Ferrusola, que le relató viajes que hizo con éste a Andorra transportando grandes cantidades de dinero en billetes de 500 euros.

En su declaración ante la juez, Marco y la detective Elisenda Villena, ex coordinadora de operaciones de Método 3, se han responsabilizado mutuamente de la operación de seguimiento a Sánchez-Camacho. Según ha explicado a los periodistas Álvaro Amigó, letrado del dueño de Método 3, su cliente ha asegurado a la juez que en su agencia no existe ningún contrato ni rastro documental del seguimiento a Sánchez-Camacho, por lo que cree que se hizo como "favor personal" a una persona que era cliente habitual de la empresa. El imputado, que alega que supo por la prensa de la existencia de esa grabación en el restaurante La Camarga de Barcelona, ha afirmado que fue el "entorno" de la líder del PPC el que realizó el encargo. Por su parte, Villena ha negado esa versión y ha apuntado que en la agencia de detectives todos los trabajos pasaban por manos del dueño.

El PPC ha asegurado que nunca ha contratado ni a la agencia de detectives Método 3 ni a ninguna de sus filiales, y ha recordado que se querellará por injurias y calumnias contra todo el que lo afirme. Ante estas afirmaciones, el PPC ha respondido que no va a "hacer careos sobre las mentiras de presuntos delincuentes y sus abogados" y ha recordado que fue Sánchez-Camacho quien denunció la grabación ilegal ante la Policía.

También han dado su versión sobre la polémica grabación los otros dos detenidos: Alex Borreguero, ex recadero de Método 3 que colocó el micrófono con el que se grabó a Sánchez-Camacho, y Julián Peribáñez, encargado del reportaje fotográfico sobre el encuentro de la presidenta del PPC con la ex pareja de Jordi Pujol Ferrussola.

Borreguero ha ratificado la versión que mantuvo ante la Policía Nacional y ha reconocido que fue él quien colocó el micrófono en el florero de la mesa del restaurante que registró la conversación entre Sánchez-Camacho y la ex novia de Jordi Pujol hijo, sin que los dueños del local le pusieran impedimento alguno. Como ya sostuvo ante la Policía tras su detención, Borreguero, de 20 años y que trabajaba como recadero para la agencia de detectives, ha explicado que él siempre dio por hecho que Alicia Sánchez-Camacho sabía que iba a ser grabada y que fue la detective Elisenda Villena la que se lo encargó. De hecho, ha añadido ante la juez, de acuerdo con la información que le facilitaron, debía colocar el micrófono en el florero porque la presidenta del PPC se resistía a llevarlo entre las ropas para evitar ponerse demasiado nerviosa, han informado fuentes judiciales.

Por su parte, Peribáñez ha afirmado a la juez que recibió un encargo de Elisenda Villena de fotografiar a la ex pareja de Pujol en su encuentro con Sánchez-Camacho en el restaurante. No obstante, ha añadido que Villena no le aclaró si la presidenta del PPC era consciente de que estaba siendo grabado su encuentro con la ex de Pujol. Ambos imputados han declarado ante la juez de guardia que desconocían por completo quién contrató a Método 3 para espiar el almuerzo entre Sánchez-Camacho y la ex compañera de Pujol hijo, dado que la documentación sobre las personas que realizaban encargos a la agencia de detectives la llevaba una secretaria de la empresa y ellos no tenían acceso.

La Fiscalía no había pedido el ingreso en prisión preventiva, y la juez ha rechazado la propuesta del ministerio público de obligar a Marco a comparecer semanalmente en el juzgado, por lo que finalmente sólo se les ha retirado el pasaporte.