Tribunales

La hora de la Fiscalía en el juicio del 'procés'

  • El Ministerio Público se pronunciará esta semana sobre si mantiene la rebelión para los procesados o reduce las penas

  • La Abogacía del Estado ya rebajó a sedición su acusación

Los fiscales del juicio del 'procés' Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal siguen una sesión reciente en el Tribunal Supremo. Los fiscales del juicio del 'procés' Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal siguen una sesión reciente en el Tribunal Supremo.

Los fiscales del juicio del 'procés' Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal siguen una sesión reciente en el Tribunal Supremo. / efe

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El juicio del procés, que mantiene sentados en el banquillo del Tribunal Supremo (TS) a 12 líderes independentistas desde el 12 febrero, se acerca a su fin, ya que las sesiones de la próxima semana pretenden dar por concluida la fase documental. Tras ello las partes anunciarán sus calificaciones definitivas, momento en el que se conocerá si, como es previsible, la Fiscalía mantiene sus peticiones de cárcel por rebelión o se produce alguna modificación o petición alternativa de pena, según señalan fuentes jurídicas, que añaden que lo previsible es que el tribunal presidido por Manuel Marchena dé voz a las partes para que anuncien sus calificaciones y petición de penas definitiva antes de que el 3 de junio comiencen a exponerse los informes de las acusaciones.

Entonces se conocerá si tras escuchar a los encausados, a más de 420 testigos, a los responsables de siete pruebas periciales y tras analizar varias horas de vídeos sobre las intervenciones policiales, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox mantienen sus peticiones iniciales de condena sin más, las rebajan u ofrecen alternativas al tribunal.

Marchena quiere que el próximo lunes empiecen a exponerse los informes de las acusaciones

En sus escritos de conclusiones del pasado 2 de noviembre, la Fiscalía del TS solicitó de forma inicial imponer al ex vicepresident de Cataluña y hoy diputado en el Congreso Oriol Junqueras 25 años de cárcel por un delito de rebelión agravada por malversación de caudales públicos al considerarlo jefe o promotor del procés.

Las siguientes penas más altas que inicialmente solicitaba el Ministerio Público son para otros tres dirigentes independentistas: la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, todos ellos también en prisión provisional. Para cada uno de ellos, los fiscales (Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno) pedían en su escrito 17 años de prisión y otros 17 de inhabilitación absoluta, ya que también los consideran promotores o jefes del procés.

En cuanto a los ex consellers que también están en prisión provisional, Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores), Dolors Bassa (Trabajo) y Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), la Fiscalía también los acusa de rebelión, pero en su caso agravada por la malversación, y reclamaba inicialmente para cada uno 16 años de cárcel y otros 16 de inhabilitación absoluta.

En otro nivel, el Ministerio Público sitúa a tres antiguos integrantes del Govern de Carles Puigdemont, que según su escrito inicial no cometieron rebelión, pero sí un delito de malversación y otro continuado de desobediencia grave, este último por incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional declarando la ilegalidad del proceso de independencia. Así, Meritxell Borràs (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa) se enfrentan provisionalmente a 7 años de prisión y otros 16 de inhabilitación absoluta.

Tras desvelarse la posición definitiva del fiscal se dará a conocer la de la Abogacía del Estado, cuando la letrada Rosa María Seoane anuncie si eleva a definitivas sus conclusiones iniciales, que descartaban la rebelión en favor de un delito de sedición, o las modifica. En principio, los Servicios Jurídicos del Estado piden 12 años de cárcel para Junqueras por sedición y malversación; penas de 11 años y medio para Forn, Rull, Turull, Bassa y Romeva; 10 para Forcadell, y 8 para los Jordis, todos ellos por un delito de sedición en un gesto en el que se desmarcó radicalmente de la Fiscalía.

A diferencia del Ministerio Público, la Abogacía consideraba antes del juicio que los hechos no pueden ser calificados de rebelión al no haberse producido la violencia necesaria para lograr la independencia, si bien ahora tiene la oportunidad de modificar esta posición.

Finalmente, la acusación popular de Vox solicitaba inicialmente un total de 74 años de prisión para Junqueras por rebelión, pertenencia a organización criminal y malversación de caudales públicos, y penas notablemente más altas que la Fiscalía y la Abogacía para el resto de encausados.

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