Con una vasta trayectoria y siempre solícito, es la cara visible del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. Hace una década su reivindicación del cumplimiento efectivo de las condenas le valió un aluvión de críticas. Aquella demanda, vista con recelo desde algunos sectores, es asumida hoy con normalidad. La excarcelación de De Juana ha supuesto un nuevo punto de inflexión en el debate político-jurídico y cree llegado el momento de discutir "si es o no oportuno" importar el modelo de cadena perpetua instalado en Francia o Alemania.

-La sensación de las víctimas es que se ha cumplido la ley pero no se ha hecho justicia...

-Hay que ser conscientes del escándalo que genera esta situación. No es más que consecuencia de un marco legislativo vergonzoso hasta los años 1996 y 2003 que tiene consecuencias como ésta, que ha permitido que penas formales de 100 años pudieran ser cumplidas en marcos temporales reales de 17 o 18 años. Esto era algo absolutamente previsible desde la década de los ochenta y no se hizo nada por cambiar la ley. Hubo que esperar hasta 2003 para garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas.

-Las víctimas se quejan de que De Juana pisa la calle sin cumplir siquiera un año por asesinato...

-No es más que la aplicación de la ley vergonzante cuyas consecuencias se conocían desde los años ochenta.

-Más desconcertante resulta aún el anuncio del ministro de Justicia de que un juzgado esté analizando -lo hace desde 2005- si en el expediente académico que le permitió reducir su condena había irregularidades. ¿Cuál es la situación?

-Se está investigando en un juzgado. Todo esto exige una revisión a fondo de los beneficios penitenciarios concedidos a éste y a cualquier otro preso.

-La imagen que resulta de éste y otros casos es que la Justicia acaba llegando tarde o bien sólo se mueve cuando la indignación social es clamorosa...

-Lo que este supuesto pone de manifiesto es la necesidad de reformar el marco legislativo para hacerlo mucho más eficaz, tener una mayor prevención en el control de la petición de la reducción de penas y considerar que este tipo de temas han de ser tratados con mucha seriedad y con mucha vigilancia.

-Lo más humillante para las víctimas es que De Juana sale a la calle sin arrepentirse...

-Está claro que el fin de la pena no se ha cumplido. Este etarra no está reinsertado, no ha asumido el daño que ha producido ni ha dado la más mínima sensación de arrepentimiento. Por eso insisto en que la pregunta que debemos hacernos es por qué siendo previsible tanto en los ochenta como en los noventa que una condena de 500 o 1.000 años pudiera ser cumplida con un marco legislativo de 18 años o 19 años no se hizo nada por cambiar la ley.

-En los próximos años otros históricos de ETA van a pisar también la calle, ¿es posible evitarlo o hay que concienciarse?

-Lo que tenemos que concienciarnos es que como consecuencia de no haber cambiado la ley penas de muchos años se cumplen con marcos temporales menores, lo cual va a provocar que etarras ingresados en los noventa empiecen a salir en libertad a partir de ahora. Es algo que adelanté en 2003 y que provocó cierto escándalo, pero que era algo previsible. Lo más que puede hacerse es lo que ya ha hecho la Audiencia Nacional con la doctrina Parot, que es revisar todos los beneficios penitenciarios y tratar de que aquellos que se han otorgado sin rigor sean revocados para conseguir que el cumplimiento efectivo sea más amplio. Lo más que puede conseguirse con estas prevenciones es que los etarras puedan cumplir dos o tres años más, nada más. Ha llegado el momento de que los legisladores le pidan perdón a las víctimas por no haber cambiado antes las leyes.

-En paralelo a la indignación de las víctimas surge también el debate sobre penas más duras para delitos de terrorismo, ¿es incompatible la cadena perpetua con el sistema de libertades y la Constitución?

-Mi opinión personal es que hay que abrir este debate en España. La cadena perpetua, como se entiende en Francia y en Alemania, es una cadena perpetua sometida a una revisión y, pasado un tiempo razonable, a un juicio de revisión que en Francia es a partir de los 26 años. Es algo plenamente constitucional, y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional y lo ha dicho en resoluciones relacionadas con peticiones de extradición. Por eso el debate de la cadena perpetua no es si es constitucional o no lo es, que ya está resuelto, sino si es oportuno o no lo es. Yo defiendo que es oportuno porque la exigencia de esta condena determina el cumplimiento efectivo de penas muchos mayores que otras penas más leves, como son las penas de prisiones limitadas como las que tenemos. Eso es lo que determina que en Francia cumplan de media penas de 26 años y en España penas de 16 años.

-¿El clima judicial y político es favorable a esta reforma?

-Hay criterios dispares pero estoy convencido de que la sociedad española es mucho más partidaria de la cadena perpetua que la sociedad jurídica, y hay que intentar solucionarlo. En cualquier caso, estoy convencido de que al igual que los que reivindicábamos el cumplimiento efectivo de las condenas hace 10 y 15 años éramos criticados pero hoy lo asume todo el mundo, en unos años lo asumirá también todo el mundo.

-Casos como el de De Juana en el que no ha habido un arrepentimiento previo, ¿confirman el fracaso del sistema penitenciario y del marco legal?

-El caso de De Juana Chaos y los que seguirán son el ejemplo más palpable de un fracaso de un sistema legislativo timorato, como ha sido el sistema legislativo español. Si en España tuviéramos la cadena perpetua, como en Francia y en Alemania, De Juana estaría en prisión intentando convencer a las autoridades penitenciarias de que está reinsertado, de que está reeducado y arrepentido. Con nuestro sistema legislativo, lo que tenemos es a De Juana Chaos en la calle, provocando la indignación de las víctimas y sin poder hacer nada con la ley.

-El sanguinario etarra va a convivir en el mismo bloque de viviendas con otra víctima de ETA reproduciendo así el drama de Pilar Elías, ¿hay alguna medida puesta en marcha para impedirlo?

-Desde el Ministerio (de Justicia) se ha adelantado que van a introducirse medidas, algo que pedí hace tres años y por lo que fui muy criticado, como por ejemplo la prohibición de residir en lugares con presencia de víctimas. Hay que hacer normas que tiendan a dar seguridad a las víctimas.