La carencia material severa ha aumentado en España hasta superar el máximo alcanzado en 2014. Así, una de cada 12 personas (8,1%) sufría en 2022 carencia material severa, más del doble que antes de la crisis financiera (en 2007 fue del 3,5%) e incluso un punto por encima de la cifra de 2014 (7,1%), según los datos del INE analizados por Focus on Spanish Society.

La tasa de carencia material severa determina el porcentaje de la población que carece, al menos, de cuatro ítems de una lista de nueve bienes y actividades cuyo acceso se considera esencial para el bienestar. Se trata de un indicador de vulnerabilidad grave, cuyo análisis cobra importancia en un contexto de crisis sucesivas y fuerte aumento de la inflación.

Si entre 2014 y 2019 este indicador se redujo del 7,1% al 4,7%, en 2020 subió ya al 7% y, a pesar del crecimiento del PIB y del empleo, la carencia material severa ha seguido aumentando hasta 2022, situándose por encima de los niveles prepandémicos.

Uno de los conceptos incluidos en el indicador es la capacidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada. En este aspecto existen diferencias notables entre los 27 países de la UE, según Eurostat. Con un 17,1% de su población que declara no poder mantener una temperatura adecuada en casa, España se sitúa por encima de la media europea (9,3%).

Según Funcas, la fuerte subida de los precios de los alimentos desde 2021, agravada por la guerra en Ucrania, también puede haber afectado a los hogares más vulnerables. Sin embargo, en esta dimensión de carencia material, España registra datos más positivos. En 2022, el 5,4% de la población afirmaba no poder permitirse carne, pollo o pescado al menos cada dos días, proporción superior a la de 2021 (4,7%), pero inferior a las observadas no solo en muchos países de Europa del Este, también en Alemania (11,4%), Grecia (10%), Francia (9,5%) e Italia (7,5%).

En el caso de España, se aprecian diferencias considerables entre las comunidades. Mientras que alrededor de una quinta parte de la población de Extremadura (23%), Andalucía (21%) y Murcia (20%) declaraba en 2022 no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada, estas cifras se situaban por debajo del 10% en Castilla y León, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón.