Ana M. Carmona Contreras

Catedrática Acreditada de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

Tras semanas de intensa campaña de presión, tanto a nivel interno como en los medios de comunicación, el mes de junio se saldó con la dimisión de Carlos Dívar como presidente del Consejo General del Poder Judicial. De esta manera, se cerraba uno de los más lamentables episodios vividos en el seno de dicho órgano desde sus orígenes. El principio del fin de la etapa de Dívar al frente del Consejo vino marcado por la querella presentada ante el Tribunal Supremo por el vocal José Manuel Gómez Benítez (integrado en el denominado bloque "progresista"). En la misma se denunciaban treinta y dos viajes de fin de semana a Marbella realizados por el presidente del Consejo con cargo a los fondos de éste, sin que la dimensión institucional de tales desplazamientos hubiera sido declarada ni tampoco esclarecida. Aunque el Tribunal no consideró penalmente relevantes tales viajes, para entonces, la semilla de la discordia arraigada en el interior del Consejo recobró una inusitada energía, concentrándose sobre la credibilidad de Dívar.

Con el enfrentamiento interno campando a sus anchas en el Consejo (la negativa del presidente a comparecer en el Congreso de los Diputados, avalada por el Gobierno, fue contestada por otros vocales pidiendo expresamente acudir ante dicha Cámara) y la consiguiente parálisis institucional del órgano, la suerte de Dívar pasó a decidirse en el campo de la opinión pública. Con una ciudadanía perpleja ante el paulatino conocimiento de sus andanzas privadas en la Costa del Sol, la inicial postura del presidente, negando haber cometido ninguna irregularidad (ni jurídica ni ética), fue resquebrajándose y su dimisión se perfiló como la única salida posible al impasse creado. Sin embargo, lejos de producirse de forma voluntaria, aquélla no fue sino la consecuencia obligada tras la retirada de la confianza a Dívar, manifestada por el Pleno del Consejo. El esperpento, sin embargo, no había concluido, deparándonos todavía un último acto: inmune a la presión concurrente, la salida del presidente sólo se produjo una vez finalizados los actos del Bicentenario del Tribunal Supremo. De este modo, se cerraba otro deplorable capítulo en la azarosa biografía del Consejo General del Poder Judicial. No obstante, los efectos perniciosos derivados del caso persisten y el daño causado a la institución no ha sido menor. Si bien es cierto que, como declaró la portavoz del Consejo, la normativa no ampara corruptelas como las referidas, no lo es menos que esas actuaciones irregulares fueron toleradas durante años por los vocales que a día de hoy todavía siguen componiendo el Consejo. Como ciudadanos nos preguntamos por qué tales conductas, calificadas por la portavoz como "indecentes", se han denunciado precisamente ahora. ¿Por qué se ha guardado silencio durante años? ¿Por qué no se sacaron a la luz tras tomar conciencia de que tales viajes se estaban realizando con cierta frecuencia? ¿La omisión anterior se borra con la acción presente? Centrándonos en esta última incógnita, la respuesta en términos legales es necesariamente positiva. Pero el dilema planteado va mucho más allá del terreno jurídico, siendo expresión de la insatisfactoria cultura institucional de nuestro país. Porque la patológica fractura interna que presentan las más altas instituciones del Estado en el caso del Consejo alcanza límites extremos. Creado por la Constitución de 1978 como una instancia orientada a preservar de las interferencias políticas las tareas de organización y administración del poder judicial, en la práctica, ha tendido a funcionar como receptor y correa de transmisión de las mismas.

La necesidad de recuperar la credibilidad institucional, especialmente dañada tras el caso Dívar, permea el espíritu del interesante borrador de reforma de la Ley del Poder Judicial elaborado por una comisión institucional nombrada a tal efecto. Entre las medidas propuestas, dada su conexión con el tema comentado, merece particular atención la modificación de la actual dedicación de los vocales del Consejo que, de ser exclusiva, pasaría a configurarse con carácter parcial. De esta forma, se permitiría a los vocales compatibilizar el desempeño de dicho cargo con el desarrollo de sus tareas profesionales. Gracias a tal cambio, no sólo se ahorrarían los actuales costes económicos derivados de la exclusividad (remuneración, dietas, viajes, etc.). Asimismo, el riesgo de abusos institucionales (que los espurios viajes de Dívar han puesto en evidencia) quedarían en buena parte neutralizados.

Con la dedicación a tiempo parcial, los supuestos de actividades institucionales financiadas con fondos públicos no sólo se reducirían notablemente, también se dotarían de un nivel de transparencia que, en el pasado, no siempre ha sido posible verificar. En cualquier caso, y hasta tanto dicho cambio normativo no se produzca, el Consejo debe trabajar activamente en la ardua tarea de eliminar las recurrentes dinámicas partidistas que no han hecho sino lastrar su imagen institucional.