España

El Supremo duda a dónde trasladar los restos de Franco si avala su exhumación

Concentración de la Campaña NiValleNiAlmudena con motivo de la decisión del Supremo del pasado junio de suspender los planes del Gobierno de exhumar a Franco.

Concentración de la Campaña NiValleNiAlmudena con motivo de la decisión del Supremo del pasado junio de suspender los planes del Gobierno de exhumar a Franco. / Juan Carlos Hidalgo (EFE)

El Tribunal Supremo duda a dónde trasladar los restos de Francisco Franco en caso de avalar la exhumación planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez, dado que no existen precedentes de reinhumación que ilustren a la Sala y, por tanto, afronta un debate jurídico que se antoja “muy complejo”.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo resolverá definitivamente esta cuestión el próximo 24 de septiembre a partir de las 10.00 horas cuando dé comienzo la deliberación y fallo del recurso de los nietos del dictador contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de marzo que fijaba para el 10 de junio la exhumación, paralizada por la Sala hasta que hubiera sentencia.

Fuentes jurídicas consultadas por Efe aseguran que el principal escollo gira en torno a si el Gobierno puede decidir dónde reubicar el cadáver de Franco y, sobre todo, si puede hacerlo en contra de la opinión de la familia del dictador.

El Ejecutivo quiere que los restos se reinhumen en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio y alude a motivos de seguridad para oponerse al deseo de los nietos del dictador de hacerlo en la cripta de la catedral de la Almudena, donde su hija, Carmen Franco, compró en 1987 una sepultura a perpetuidad con espacio para varios cuerpos.

Falta de jurisprudencia

Aunque para llegar a ese punto, la Sala tendría antes que dar el visto bueno a la exhumación de los restos de Franco de la basílica de Cuelgamuros, un asunto que, no obstante, no genera en el tribunal la mismas dudas que la reinhumacion, ya que existe mucha jurisprudencia de exhumaciones. “Lo que ocurre es que de lo otro no hay nada”, precisan las fuentes.

“Y eso es jurídicamente muy complejo”, añaden las fuentes, que recuerdan que la familia tiene derecho a ser escuchada, como señaló Estrasburgo. El interrogante que se abre es si tiene también derecho a decidir por encima del Gobierno, que puede invocar razones de interés público.

Normalmente, en asuntos de derecho mortuorio suelen primar los criterios de salud pública, pero aquí no es el caso, sino que el Ejecutivo acusa a los Franco de ignorar los riesgos de seguridad que entrañaría el enterramiento en la cripta de la Almudena.

La familia presentó una pericial en la que alertaba de que los riesgos de profanación y de actos vandálicos “se dispararían” si fuese enterrado en El Pardo, porque “siempre sería una pareja” de agentes la que tendría que frenar el ataque, mientras que en la Almudena la Policía tendría recursos sobrados para frenar a radicales.

Pero la Abogacía del Estado reprocha a la familia que no haya tenido en cuenta en ese informe los riesgos de enfrentamientos entre grupos extremistas o que haya olvidado, por ejemplo, el intento de atentado en 2013 en la Almudena por un grupo de anarquistas.

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