El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, utilizará todos los instrumentos legales y ejecutivos disponibles para impedir la declaración de independencia de Cataluña. Hoy es el día D, la jornada, de extrema tensión, en la que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, irá al Parlamento para pronunciar un discurso sobre "la situación política" que podría contener esta proclamación. Aunque no se ha revelado cómo sería ésta, Puidemont prepara, según Efe, una declaración que pone en marcha la ley de transitoriedad, que en sí es una suerte de constitución, y que llevaría a la convocatoria de elecciones para elegir una asamblea constituyente. Si es así, tampoco importará mucho la fórmula retórica escogida: según su ley, Cataluña sería un Estado. Pero Rajoy parece dispuesto a actuar esta vez.

El presidente del Gobierno trasladó ayer a la dirección del PP que usará "la Constitución y el Código Penal", y el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, abrió la posibilidad de que se produzcan detenciones. Éstas figuran entre el abanico de opciones que el Gobierno puede utilizar para hacer frente a un desafío ya mayor que el del intento de golpe del 23-F. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó en una entrevista radiofónica que podría aplicarse el artículo 155 de la Constitución, que permitiría intervenir la Generalitat.

La rueda de prensa de Pablo Casado fue muy dura, tan dura que recurrió a los sucesos que ocurrieron en Cataluña el 6 de octubre de 1934, cuando su president, Lluís Companys, fue detenido por orden del Gobierno de la Segunda República después de proclamar "la república catalana dentro del Estado español". Companys fue detenido después de 10 horas de rebelión, se le mantuvo detenido en un barco anclado en el puerto de Barcelona y, posteriormente, estuvo encarcelado en El Puerto de Santa María. Fue repuesto en el cargo con motivo de la victoria del Frente Popular. Companys se mantuvo fiel a la República en la Guerra, se exilió, pero fue capturado en Francia por la Gestapo y entregado a España para ser fusilado. Pablo Casado tuvo que aclarar que se refería a la detención, no al fusilamiento, un detalle que no fue pasado por alto por los partidos independentistas, que directamente lo acusaron de amenazar con la muerte a Puigdemont. Esto es el reflejo de alto clima de tensión que se ha alcanzado en Cataluña. No obstante, el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, también criticó a Casado por realizar este tipo de comparaciones. Sánchez, que ayer estuvo en Cataluña, sí mostró su apoyo a cuantas medidas constitucionales adopte el Gobierno para detener la declaración de independencia.

Según leyó Pablo Casado, Rajoy dijo lo siguiente al comité de dirección del PP: "Vamos a impedir la independencia de Cataluña. Tomaremos las medidas para impedirlo que sean necesarias. La separación de Cataluña no se va a producir y el Gobierno hará todo lo que haga falta para que así sea". El vicesecretario de Comunicación negó que se fuese a abrir una negociación o mediación, ya que considera al Govern de Puigdemont como un grupo de golpistas. "Con quien tiene que negociar Puigdemont es con su abogado", señaló.

Más claro imposible, a partir de hoy son posibles las detenciones del presidente de la Generalitat, de su vicepresidente Oriol Junquera y de la presidenta del Parlamento autonómico, Carme Forcadell, que ha sido avisada en varias ocasiones por el Constitucional. El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, advirtió que una declaración provocaría "consecuencias imprevisibles".

Pero los separatistas van a responder, en la calle es donde está el peligro de disturbios. El líder de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Jordi Sánchez, ha convocado a sus seguidores a concentrarse a partir de las seis de la tarde en los alrededores del Parlamento. Se trata de blindar la Cámara ante una posible actuación de las fuerzas de seguridad del Estado. A esa hora comenzará el discurso de Puigdemont. Si logra sacar a la calle, como en anteriores ocasiones, a miles de personas, el edificio puede convertirse en un búnker blindado por una insurrección popular. La llamada a la concentración de Jordi Sánchez puede ser constitutiva de un delito de sedición, un tipo penal por el que ya le investiga la Audiencia Nacional por los hechos ocurridos tras las detenciones en la Consejería de Economía.

Y es que en Cataluña se han sobrepasado todos los límites legales por parte de su Gobierno, los partidos independentistas y de las organizaciones que le apoyan. La ANC, Esquerra y la CUP presionan a Puigdemont para que realice una declaración de independencia solemne, sin lugar a dudas, mientras que desde su partido, el PDeCAT, se propone una proclamación para que entre en vigor más adelante. Es la opinión de su secretaria general, Marta Pascal, quien desea una proclamación en diferido o como la que realizó Eslovenia. El país de la antigua Yugoslavia convocó un referéndum, salió el sí a la segregación y proclamó una independencia que suspendió durante seis meses para negociar con Belgrado. Como la capital no accedió, el país se declaró independiente tras recibir varios apoyos internacionales.

Carles Puigdemont no ha comunicado cómo será su discurso, pero se da por hecho que validará los resultados del 1-O y los considerará vinculantes. Habrá declaración -es lo más probable-, aunque ésta sea ambigua. Es difícil que el president rectifique, después de involucrar a cientos de miles de personas, aunque su proclamación no contará con aliados internacionales y se produce en medio de una huida masiva de empresas catalanas a otras ciudades españolas.

Mariano Rajoy cuenta con un amplio abanico de medidas, que van desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución, al empleo de la Ley Nacional de Seguridad y la declaración, prevista en su ley orgánica, de los estados de alarma, excepción y sitio. También el Constitucional puede suspender de su cargo a los dirigentes del Govern y del Parlament al entender que no cumplen con las advertencias anteriores. El artículo 155 requiere de la mayoría absoluta del Senado y de, al menos, una semana de tramitación, su desarrollo está abierto y puede incluir distintas medidas para restablecer el orden constitucional. Para la Ley de Seguridad Nacional, bastaría con un real decreto.