La Mesa del Congreso, con mayoría absoluta del PP, inadmitió ayer una petición del PSOE de comparecencia en la Comisión de Presupuestos de la Cámara de un representante de la Casa del Rey para que explique el proyecto de cuentas de esta institución para 2014 (7,78 millones de euros).

Según fuentes de la Mesa, la vicepresidenta primera, Celia Villalobos (PP), argumentó que el artículo 65 de la Constitución "lo impide" y que no existen precedentes. Dicho artículo señala que "el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma".

El PSOE reconoció que eso "es cierto", pero apeló a la "demanda social" que, a su juicio, hay en estos momentos para que la Casa Real dé cuentas ante los ciudadanos de su financiación, a lo que Villalobos replicó que la Ley de Transparencia todavía no está aprobada y que, hasta que no se apruebe, no habrá una "apoyatura legal". "Ésta es la casa de la ley y no nos podemos guiar más que por las leyes y los reglamentos", dijo a Efe Villalobos.

El secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, insistió en que el artículo 65 de la Carta Magna establece que las Cortes deciden dicha asignación y la Casa del Rey la distribuye libremente. "Por lo tanto es la propia Constitución la que establece la fórmula por la que la Casa del Rey debe dar cuenta del presupuesto", señaló el portavoz popular, quien por otro lado ha ironizado con que la oposición recurra a la ley de transparencia que no apoyó para hacer su reclamo.

En cualquier caso, dicha ley -apuntó Bermúdez- señala que la Casa del Rey debe estar sometida al criterio de publicidad activa, es decir, dando cuenta de cuáles son las partidas a las que destina su presupuesto, pero no está sometida al control parlamentario como tampoco otras instituciones que no son administraciones públicas.

La Mesa tampoco calificó la petición socialista de comparecencia del secretario general del Congreso y letrado mayor de las Cortes para informar de los presupuestos parlamentarios, con el argumento de que sólo existe un precedente, que data de 1987, y que entonces "el rodillo socialista de la Mesa dijo que no".

Según las fuentes, el resto de peticiones de comparecencia de órganos constitucionales, como el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, sí recibieron el visto bueno de la Mesa para que expliquen sus presupuestos, por lo que seguirán su tramitación.