El PP ha hecho valer su mayoría en la Mesa del Congreso para frenar, argumentando que no tienen soporte reglamentario, las dos interpelaciones sobre el caso Bárcenas que el PSOE e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) habían dirigido al Gobierno para que las respondiera el próximo miércoles en la sesión de control al Gobierno. Así lo ha anunciado el secretario primero de la Mesa, el popular Ignacio Gil Lázaro, al término de la reunión del órgano de gobierno de la Cámara que el presidente del Congreso, Jesús Posada, había convocado para analizar expresamente estas dos iniciativas, al apreciar problemas reglamentarios para su calificación. 

Tal y como ya hizo en tres ocasiones anteriores con iniciativas similares registradas en agosto (dos del PSOE y una de IU), el PP ha argumentado que el contenido de las interpelaciones no se ajusta al previsto en el artículo 181 del Reglamento de la Cámara. Dicho artículo establece que las interpelaciones "versarán sobre los motivos o propósitos de la conducta del Ejecutivo en cuestiones de política general, bien del Gobierno o de algún departamento ministerial". Gil Lázaro ha explicado que la Mesa también ha tenido en cuenta el artículo 97 de la Constitución, que, a su juicio, especifica lo que debe entenderse como "política general". Ese precepto establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado" y que lo hace "de acuerdo con la Constitución y las leyes". En concreto, la iniciativa registrada por el PSOE, que iba dirigida directamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tenía por objeto analizar "la política general del Gobierno en materia de asunción de responsabilidades políticas como consecuencia de las falsedades vertidas en comparecencias ante el Parlamento" sobre el caso Bárcenas.

Según Gil Lázaro, la literalidad de ese texto alude a "suposiciones que el interpelante cree o quiere hacer creer", por lo que no se ajusta al Reglamento que, según ha insistido, es "claro" en materia de objeto, naturaleza y requisitos de las interpelaciones.

El parlamentario popular ha recordado al PSOE que tiene otros instrumentos de control al Gobierno, como las preguntas orales o las solicitudes de comparecencias, para abordar el asunto sobre el que, según "parece", quería debatir el primer partido de la oposición. De hecho, ha puesto de relieve que el Pleno del Congreso de la próxima semana los dos grupos tienen registradas preguntas al presidente del Gobierno en este sentido. En concreto, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubacalcaba, y el líder de IU, Cayo Lara, retarán a Rajoy a reafirmarse en las manifestaciones que realizó en torno al caso Bárcenas, el pasado 1 de agosto en un Pleno extraordinario del Congreso. Ahora bien, ya no podrán dirigir las interpelaciones que tenían previstas porque, ha abundado Gil Lázaro, la Mesa del Congreso debe ser "absolutamente precisa" y actuar conforme al Reglamento a la hora de calificar las iniciativas de la oposición porque, de lo contrario, se estaría yendo en contra de lo que establece la Constitución, que prohíbe expresamente la arbitrariedad. 

Las leyes no pueden ser "como un chicle"

"Las leyes no pueden ser una especie de chicle que algunos manejan a su gusto, y el PSOE saber perfectamente que el objeto y los términos de la literalidad de su interpelación no casan con las previsiones del Reglamento", ha manifestado el parlamentario popular, para quien la función del órgano de gobierno de la Cámara "no puede ser sustituida por una especie de totum revolutum en virtud del cual todo vale".

El texto de Izquierda Plural, que no estaba dirigido expresamente al jefe del Ejecutivo, sino al Gobierno en general, como es habitual en estas iniciativas, perseguía debatir sobre "las posibles repercusiones en la acción del Gobierno por la relación laboral de Luis Bárcenas con el Partido Popular". El PP considera que la iniciativa de IU adolece de una "falta de soporte reglamentario" mayor que la del PSOE y también ha decidido no calificarla, ha señalado el secretario cuarto de la Mesa de la Cámara. Las interpelaciones al Gobierno dan lugar después a una moción en que se debate en la siguiente sesión plenaria. La intención del PSOE y de la Izquierda Plural era utilizar esas futuras iniciativas para que el Congreso censurase la actuación del Ejecutivo y de Rajoy en particular en el 'caso Bárcenas'. También podrían haber usado esos textos para someter a votación en el Pleno sus propuestas de creación de comisiones de investigación sobre la financiación del PP que los 'populares' se han negado varias veces a incluir el orden del día para su debate.

La decisión del PP de frenar ambas interpelaciones ha soliviantado al PSOE, que ha tachado la posición de los populares de "antirreglamentaria" y "anticonstitucional" porque vulnera "los principios sagrados del parlamentarismo", y les ha acusado de "bloquear y secuestrar" el Parlamento al vetar el control de la oposición al Gobierno "haciendo daño" así a la separación de poderes. Además, según han argumentado los socialistas en la Mesa, la oposición puede interpelar al Gobierno sobre todos los asuntos con la única excepción de que se traten de secretos de Estado. De hecho, han argüido que existen informes jurídicos que avalan esta tesis elaborados por los letrados de la Cámara.

Dichos informes han sido recopilados en un libro titulado Comentarios al Reglamento del Congreso de los Diputados, en el que los letrados apuntan que "la referencia a motivos y propósitos es lo suficientemente amplia como para que la interpelación alcance todo lo que no sea directamente revelación de un secreto". Los socialistas han subrayado que no existen precedentes en la historia democrática del país de un veto a una interpelación de la oposición registrada para un Pleno de control ordinario. En todo caso, fuentes socialistas han informado a Europa Press de que el PSOE pedirá a los servicios jurídicos de la Cámara una relación de las interpelaciones aceptadas o rechazadas por la Mesa del Congreso desde el año 2000. El primer partido de la oposición ha mostrado su "preocupación" por el proceder de los últimos tiempos del PP en la Mesa y le ha acusado de haber sobrepasado "la línea roja" del parlamentarismo español y de contravenir los usos y costumbres del Congreso, según los cuales el órgano de gobierno de la Cámara facilita el debate de las iniciativas en caso de duda.