La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido imponer penas de entre 8 y 27 años de prisión a 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) por un delito de pertenencia a organización terrorista, achacando también a ocho de ellos delitos de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos.

En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, el fiscal Miguel Ángel Carballo sostiene que los acusados se integraron en un Equipo de Respuesta Táctica (ERT), un grupo de personas de diferentes CDR que habrían conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias.

"Su objetivo final como organización era conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España", sostiene en su escrito de 61 páginas el fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo.

Actuaciones

Los miembros de esta facción radicalizada, denominada Equipo de Respuesta Táctica (ERT), tuvieron "participación activa" en la materialización de algunas de las acciones "más contundentes" de los CDR. Entre ellas, el fiscal enumera cortes de carretera, un vertido de aceite en la calzada de la C-55 en un lugar de paso obligatorio de la comitiva que trasladaba a los presos del procés desde el centro penitenciario de Lledoners, o el levantamiento de las barreras de los peajes.

También les acusa de la creación y desarrollo de los CECOR (centro de coordinación) para las acciones de los CDR, que asumieron el encargo recibido de un denominado CNI Catalán para que aportasen la infraestructura logística necesaria para ocupar el Parlament de Cataluña, y defenderlo posteriormente. "Como detalles acreditados del citado plan", el fiscal indica que la ocupación se realizaría por la puerta principal del Parlament ya que, supuestamente, se les facilitaría el acceso desde el interior.

Después, un reducido grupo de personas, cooperaría con el grupo denominado CNI para el establecimiento de bases de intendencia, para permanecer en el interior del edificio al menos una semana, "montando antenas de larga distancia para mantener las comunicaciones, todo ello bajo un presupuesto estimado en 6.000 euros". Para ello, eran esenciales los "servicios" del acusado Ferrán Jolis, debido a sus "amplios conocimientos" en informática y telecomunicaciones, "a efectos de confeccionar una red securizada e indetectable que permitiese las comunicaciones entre el interior y exterior del Parlament".

La Ley de amnistía que comenzará a tramitarse en el Congreso proxiamamente incluye entre otros colectivos que tuvieron participación en el procés a los llamados CDR.