Perfil de Pablo Llarena

Arrollando al ‘procés’ sobre una ‘Harley’

  • Pablo Llarena no era mal visto por el independentismo al asumir la causa, pero ahora lo repudia por sus nueve encarcelamientos preventivos

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El juez Llarena. El juez Llarena.

El juez Llarena. / Rosell

El mundillo independentista recibió con buenos ojos al juez Pablo Llarena (Burgos, 1963), pero ahora lo compara con el general Baldomero Espartero, que acalló una insurrección en Barcelona con un bombardeo indiscriminado que dejó entre 20 y 30 muertos el 3 de diciembre de 1842.

Le acusa de encarnar un poder totalitario que trata a políticos escogidos en las urnas "como a una banda de narcos" al ordenar unas prisiones preventivas con las que muchos –incluso más allá de las trincheras secesionistas– no comulgan.

Llarena, el instructor del procés, está en el ojo del huracán nacionalista desde que el pasado marzo procesara por rebelión –castigada con hasta 25 años de cárcel– a trece líderes independentistas catalanes, entre ellos el ex president Carles Puigdemont, su número dos, Oriol Junqueras, varios de sus consellers, los líderes de ANC y Òmnium, la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, o la secretaria general de ERC, Marta Rovira, esa señora que denunció que el Gobierno de Mariano Rajoy amenazó con "muertos en las calles" tras el pseudoreferéndum del 1 de octubre.

Procesó además a 12 de los 28 imputados por desobediencia. Y de estos 25, por malversación de caudales públicos a los 14 miembros del Govern. 

Con nueve líderes independentistas en prisión preventiva se ha ganado el repudio nacionalista, un lote en el que entran desde amenazas vía Twitter hasta abucheos en un restaurante pasando por hostigamientos a su pareja, la también jueza Gema Espinoza, y al menor de sus dos hijos, estudiante de una universidad catalana, que también ha denunciado acoso en las aulas.

La borrasca obligó a la familia de Llarena a trasladar su residencia habitual a Madrid y a vivir con escolta. Es que da la causalidad de que ha ejercido buena parte de su carrera judicial en la boca del lobo, Barcelona. Primero en el juzgado de instrucción número 31 y posteriormente (1998) como magistrado en la Audiencia Provincial de Barcelona, que presidió desde 2011 hasta que engrosó la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 28 de enero de 2016. Lo que nos lleva a una conclusión: nadie podrá acusarle de desconocer la realidad catalana, uno de los argumentos recurrentes del secesionismo contra los que critican este viaje a ninguna parte con el maquinista de Waterloo y su lugarteniente en la Generalitat echando humo.

Afable en la distancia corta, de cordialidad superficial, hasta los independentistas alaban una capacidad de trabajo que está reñida con los focos, lo que le convierte en la antítesis de los jueces estrella. Más allá de sus dos hijos, sus compañeros dicen que tiene "otro medio hijo": su Harley Davidson, a la que cuida como si fuera su prolongación, carne de su carne, y con la que se pierde los fines de semana.

Dicen los nacionalistas que en 2012, cuando estaba al frente de la Audiencia de Barcelona, era partidario de buscar una solución política al conflicto. Por eso no resulta extraño que circulara una sensación de alivio entre los bastidores soberanistas cuando la juez de la Audiencia nacional Carmen Lamela le pasó la causa contra el Govern a finales de noviembre de 2017 con el referéndum ilegal del 1 de octubre recién salido del horno.

Lamela había activado todas las órdenes de detención cuando el asuntó arrancó en la Audiencia Nacional. Cuando Llarena asumió toda la causa –excepto la parte que afecta al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero–, decidió retirarlas.

Puigdemont y los cuatro ex consellers huidos estaban por entonces retenidos en Bélgica. Un tribunal ya estaba revisando su situación pero ante la sospechas de que pudieran rechazar la entrega por el delito de rebelión el magistrado decidió dar un paso atrás y esperar a que la instrucción estuviera finalizada.

Cuando eso ocurrió, a finales de marzo, reactivó todas las órdenes de detención. Puigdemont se encontraba en Finlandia y se apresuró para llegar a Bélgica sin ser arrestado porque habían visto en ese país comprensión en sus planteamientos a favor de la independencia de Cataluña. La Policía alemana lo interceptó en una gasolinera. En aquel momento desde España se aplaudió que fuera la Justicia alemana la que resolviera la entrega. Sin embargo, cuatro meses después, el tribunal de Schleswig-Holstein le propinó un varapalo con el que se creció la figura menguante de Puigdemont.

El tribunal alemán se negó a entregar al ex president por un delito de rebelión además del de malversación de caudales públicos. Lo que hubiera implicado que Puigdemont no podría ser juzgado en España de la mano de la euroorden por el delito más grave que le imputa Llarena sino únicamente por el uso fraudulento de fondos públicos para organizar el 1-O, una votación en la que, según Llarena, participaron "fanáticos violentos" más allá de la lluvia de porrazos de la Policía.

El instructor retiró las órdenes europeas e internacionales de detención contra Puigdemont, sus cuatro ex consellers huidos y la número dos de ERC, Marta Rovira. Todos ellos tienen ahora libertad de movimientos extramuros España, donde serían detenidos nada más poner pie en tierra. Lo que deja sobre la mesa un proceso judicial con siete huidos –la ex dirigente de la CUP Anna Gabriel, prófuga en Suiza, sólo tenía la orden nacional de detención–, a los que no se reclama internacionalmente.

Llarena cree que los jueces alemanes han entrado a valorar una parte de la prueba, adelantándose al juicio pendiente en el Supremo. Han dado credibilidad al testimonio de Puigdemont sin tener en cuenta todas las pruebas que existen en el procedimiento contra éste dado que el tribunal alemán sólo ha recibido el auto de procesamiento, que no deja de ser un resumen de lo instruido.

Su último gran disgusto se lo ha llevado con la demanda civil que han presentado los ilustres prófugos acusándole de negarles su presunción de inocencia y por la que deberá declarar el 4 de septiembre. Una iniciativa tramposa pues se valía de unas palabras del juez que en su traducción al francés sufrieron una alteración importante que certificaba la denuncia, ya que figuraba la expresión un "si es que ha sido así" que pronunció el magistrado cuando hablaba de la comisión de delitos por un "sí, así ha sucedido".

Una cuestión que se ha convertido en una ciénaga para el Gobierno de Pedro Sánchez, que pasó de la indolencia, desentendiéndose de lo que el Ministerio de Justicia consideraba un asunto "privado" de un juez, a la implicación más absoluta, viéndolo como un "asunto de Estado", según lo definió a los tres días Sánchez, en uno de los múltiples "bandazos" que le atribuyen el PP y Ciudadanos a su gestión, amén de los consabidos sobre el futuro del valle de los Caídos o el buenismo redentor caído en desgracia (en la violenta acometida sobre la valla de Ceuta) ante la inmigración ilegal.

De Llarena no se esperan bandazos de calibre y la mano dura sin medias tintas se ha consolidado como su divisa para aplacar el procés como una moto, a lomos de su querida Harley.

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