El Juzgado de lo Social número 16 de Madrid ha fijado para el 11 de julio de 2014 el juicio por el despido del PP de su ex tesorero Luis Bárcenas, tras admitir a trámite la demanda que éste presentó contra el partido por despido improcedente, por el que reclama más de 900.000 euros.

El juzgado ha citado para esa fecha a las partes para un acto de conciliación y de no llegar a un acuerdo ese mismo día se celebraría el juicio.

Todo indica que ese acuerdo entre las partes no se producirá, ya que el pasado 15 de marzo ya hubo un desencuentro entre los representantes legales del PP y de Bárcenas cuando se celebró un acto de conciliación previo a la admisión de la demanda ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la Comunidad de Madrid.

El que se haya fijado el juicio con más de un año de diferencia se debe a que muchos juzgados de lo social están saturados y a que, desde que la reforma laboral abarató el despido, ya no se ven en la urgencia de celebrarlos dentro de los primeros tres meses. Esto ocurre porque la mayoría de los empresarios optan por indemnizar a los trabajadores en lugar de readmitirlos y en este último caso el Estado debe abonar la demora en la tramitación, explicaron a Efe expertos en derecho laboral.

En un decreto, fechado el 22 de marzo, el Juzgado admite a trámite la demanda porque Bárcenas "reúne formalmente los requisitos de capacidad y/o representación necesarios para comparecer en juicio", y le requiere a que presente en quince días el acta de conciliación ante el SMAC en la que figura la cantidad reclamada.

En este escrito, el Juzgado advierte al ex tesorero de que si no asiste al juicio ese día y el PP no alega interés en la continuación del proceso se dará por desistida su demanda.

Además indica que si el PP no comparece de forma justificada, el juicio se celebrará igualmente.

Bárcenas presentó esta demanda el pasado febrero alegando que había seguido trabajando como asesor del Partido Popular hasta el 31 de enero de este mismo año, fecha en que, asegura, fue dado de baja sin su consentimiento, lo que coincidía con la publicación un día antes en el diario El País de las notas manuscritas sobre una supuesta contabilidad B del PP, que le fueron atribuidas a él.

En su demanda, Bárcenas pide una cantidad superior a los 890.000 euros en concepto de 42 salarios dejados de percibir, a lo que añade otra cantidad menor en concepto de liquidación, lo que eleva a más de 900.000 euros el total del dinero reclamado.

El PP ha negado en todo momento la versión de su ex tesorero sobre su despido y ha insistido en que la relación laboral con Bárcenas finalizó en 2010, tras su imputación en el caso Gürtel.

El instructor del caso, el juez Pablo Ruz, rechaza que el PP sea acusación en la pieza sobre los llamados papeles de Bárcenas dada su posible responsabilidad civil por defraudar a Hacienda, y ha preguntado a las partes si debe seguir acusando en la causa principal. En un auto difundido ayer, Ruz afirma que la petición del PP de personarse como acusación popular en la pieza de Gürtel sobre la supuesta contabilidad B del PP es "incompatible con el propio objeto de la misma, dirigido entre otros extremos a la investigación de determinados hechos de los que podría derivarse responsabilidad civil" del propio PP.