La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunció ayer que el ayuntamiento ha impuesto 12 sanciones a bancos por mantener pisos vacíos fuera del mercado y ha ampliado las ayudas al alquiler para evitar desahucios.

Ada Colau, que fue impulsora y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), presentó ayer el primer paquete de medidas para detener los casi 2.000 desahucios de familias vulnerables que se producen cada año en Barcelona, movilizar las viviendas vacías y recuperar vivienda para destinarla a alquiler social.

Colau destacó que la nueva convocatoria de ayudas al alquiler ha cambiado las bases para incluir por primera vez a las familias sin ningún ingreso y que por ello se ha ampliado su partida de 6 a 7 millones de euros e incluirá "una ayuda indirecta para los pequeños propietarios que podrían sufrir el impago de estos alquileres".

El Ayuntamiento de Barcelona calcula que, con este incremento de la partida y la ampliación de los criterios para acogerse a ella -como que se pueda otorgar en el caso de alquileres hasta 800 euros mensuales-, se podrá llegar a las 1.600 familias con dificultades.

Esta es la primera vez que el Ayuntamiento de Barcelona financia una convocatoria de ayudas al pago del alquiler, ya que hasta ahora este tipo de ayudas se impulsaba desde la Generalitat, que es la administración competente en esta materia.

La alcaldesa recordó que Barcelona tiene "un parque de alquiler social absolutamente insuficiente (1%)", lejos del 15-20% de muchas ciudades europeas, y aseguró que "casi el 90% de los desahucios que se producen en la ciudad son por impago del alquiler".

Entre las medidas tomadas por su gobierno para recuperar vivienda para destinarla a alquiler social, la alcaldesa explicó que esta semana se han comunicado las 12 primeras sanciones coercitivas, de 5.000 euros, a entidades financieras por mantener viviendas fuera del mercado durante más de dos años, como estipula la Ley catalana de la Vivienda.

Para detectar estas viviendas vacías, el año pasado se cruzaron los datos del catastro y el padrón municipal para identificar aquellas que son propiedad de entidades financieras y comprobar si estaban o no vacías. El nuevo gobierno municipal ha reactivado este procedimiento y actualmente se están incoando 62 expedientes sancionadores.

Otra medida del gobierno de Colau es impulsar una modificación presupuestaria que permitirá destinar una partida de 3,5 millones de euros a la compra y la rehabilitación de viviendas mediante el ejercicio del derecho al tanteo y retracto para destinarlo al alquiler social.

CiU señaló, en una nota de prensa, que lo que Ada Colau anuncia como medidas urgentes eran medias "ordinarias" en el mandato de Xavier Trias y que el paquete presentado hoy es de "continuidad".

Alberto Fernández (PP) pidió a la alcaldesa que se "automulte" por los 400 pisos que las administraciones públicas tienen vacíos en Barcelona.