La Audiencia Provincial de Madrid estudió ayer, a puerta cerrada, si deben ser la Audiencia Nacional o los Juzgados de Madrid los que asuman la causa que investiga al ex vicepresidente económico Rodrigo Rato por cinco delitos contra la Hacienda Pública, alzamiento y blanqueo de capitales. El fallo se conocerá previsiblemente dos o tres días después de esta deliberación.

La investigación recayó en un primer momento en el juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, que decidió inhibirse a favor del magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que ya investiga a Rato en otras dos causas: las presuntas irregularidades en la fusión y salida a Bolsa de Bankia y el uso por parte de directivos de este banco y de Caja Madrid de tarjetas de crédito opacas al fisco.

No obstante, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a la iniciativa de Serrano-Artal y la recurrió al considerar que si la causa fuera remitida a la Audiencia Nacional podría crearse "un procedimiento inmanejable y carente de eficacia". En opinión del Ministerio Público, deberían aplicarse en este caso "las reglas del sentido común" para no generar "indeseables consecuencias dilatorias".

La fiscal encargada, Elena Lorente, entiende que no existe conexión entre esta investigación y la emprendida por el juez de la Audiencia Nacional por la salida a Bolsa de Bankia y las tarjetas black. Apunta también que "no cabe decir" que la defraudación de la que se acusa a Rato ocasionó una grave repercusión en el tráfico mercantil, la economía nacional o a una generalidad de personas y destaca la importancia de "aquilatar" en la instrucción si el delito presuntamente cometido por Rato fue cometido en el extranjero y guarda conexión con una actividad delictiva previa.