Los vecinos del grupo de viviendas de La Pescadería no han acogido nada bien las recientes declaraciones de los concejales de Mantenimiento Urbano y Patrimonio, Damián Bornes y Francisco Aguilar, en torno al estado del recinto tras el derribo de dos de los bloques del complejo, hace ya un año, y también sobre el proceso abierto sobre el futuro de la zona. Los dos ediles señalaban en una reciente nota de prensa remitida a este periódico que no se había llegado a ningún acuerdo con los vecinos "al no poder entablar una negociación con ningún representante legal de este grupo de vecinos, ya que no están constituidos en comunidad".

El representante legal de los vecinos, Luis Alfonso Pérez Nogués (abogado y propietario de una de las viviendas), se puso ayer en contacto con este periódico y aseguró que no solo es el representante legítimo elegido en asamblea, sino que demostró con numerosos correos electrónicos el contacto que ha venido manteniendo desde el pasado verano tanto con el concejal de Mantenimiento Urbano como con el de Patrimonio para tratar de llevar a buen puerto el adecentamiento de la zona, que de momento se encuentra vallada para evitar el aparcamiento y la presencia de gorrillas, pero que ofrece una pésima imagen de una zona tan céntrica de la ciudad.

Luis Alfonso Pérez Nogués se mostró indignado con las declaraciones de los dos ediles y explicó que en las numerosas conversaciones mantenidas con el Ayuntamiento en torno a este asunto, los vecinos habían dado su visto bueno a la última propuesta municipal, que consistía en habilitar un pequeño aparcamiento para propietarios en la parcela que antes ocupaba la Cofradía de Pescadores, destinando otra parte a un aparcamiento público, aunque reservando el jardín de las viviendas con un cerramiento acorde con el original del complejo. No obstante, y al tratarse de un suelo en régimen de proindiviso, los vecinos son también copropietarios del solar en el que el Ayuntamiento quiere actuar, por lo que pidieron ver el proyecto de los trabajos. El Ayuntamiento, sin embargo, se negó a mostrárselo y tan solo les envió un anteproyecto "de vergüenza", en palabras del abogado, ya que no se mencionaba ningún detalle de la actuación ni información alguna referente a tipo de vallado ni a los materiales que se iban a utilizar.

Así las cosas, en un correo electrónico remitido por Pérez Nogués a Damián Bornes y Francisco Aguilar el pasado 9 de noviembre, el representante de los vecinos les anunciaba que la comunidad ha decidido emprender acciones legales contra el Ayuntamiento "por vulnerar la normativa contemplada en el Código Civil referente a las comunidades de bienes".

Hay que recordar, además, que el presupuesto municipal en vigor, correspondiente al ejercicio de 2001, contempla destinar 3,5 millones de euros del capítulo de Inversiones a la urbanización del entorno de La Pescadería, aunque en esa cifra se incluyen también otras actuaciones en el ámbito del casco histórico.

Luis Alfonso Pérez Nogués recuerda además que el derribo de los dos bloques (en teoría para la construcción del futuro puente, aunque la futura plaza pública que se prevé no se podrá concluir hasta que no termine la expropiación de todos los bloques) se llevó a cabo sin el permiso de la comunidad, lo que ha creado posteriormente numerosos problemas de suciedad, inseguridad y molestias a los vecinos, que ven como la zona se ha convertido en un estercolero sin que el Ayuntamiento tenga, visto lo visto, ninguna prisa por enmendar la situación.