Pero, ¿quién se ocupa del ruido en El Puerto?

El problema del ruido no es nuevo en El Puerto. Ya hace más de dos décadas un vecino asentado en la ciudad, José Antonio Navalón, lideró un movimiento denominado Plataforma contra el Ruido, que en aquel entonces nació ante los excesos de la motorada y llegó incluso a conseguir que durante unos años se prohibiera el acceso de los vehíulos de dos ruedas al centro histórico durante el Gran Premio de España de Motociclismo de Jerez.

La lucha contra el exceso de ruido nunca ha sido fácil en la ciudad y ha sido una tarea larga y agotadora para los vecinos afectados -también en los 90 a causa de otros problemas, como el botellón en la Plaza de Toros- pero de un tiempo a esta parte parece que las reglas que se había establecido para que la ciudadanía pudiera reclamar, han cambiado.

En la última semana hemos asistido a una situación surrealista, cuando ni el propio Ayuntamiento sabe decir qué servicio se ocupa de este asunto, después de asegurar en pleno el portavoz del equipo de gobierno del Partido Popular, Javier Bello, que era Disciplina Urbanística quien se encargaba de tramitar estas denuncias, y desmentirle pocos días después su compañera Leonor Caballero, asegurando que Disciplina Urbanística no tiene las competencias para ello.

Como la propia edil de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda Pública señala en un escrito dirigido al PSOE local, que le preguntó si era su departamento el encargado, la responsabilidad de las competencias sobre el ruido viene recogida en el acuerdo 2025/248 de 9 de junio de 2025, de la Junta de Gobierno Local, en virtud de la cual se atribuye al delegado de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible el ejercicio de las siguientes competencias: La disciplina ambiental, en lo relativo a la sanción de las infracciones de la normativa ambiental y especialmente la ordenanzas municipales de Medio Ambiente, en las materias de Residuos Urbanos y Limpieza Pública, Tenencia de Animales, Protección de zonas verdes y de interés forestal y Contaminación acústica, lumínica y atmosférica”. Más claro imposible. Entonces, ¿por qué el área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el pasado 9 de julio, respondió por escrito a una pregunta formulada por el grupo socialista asegurando que dicho servicio no es el competente en la materia?.

Toda la normativa en torno a la contaminación acústica en el ámbito local viene recogida además en dos ordenanzas municipales, la de Protección del Medio Ambiente contra Ruidos y Vibraciones, que data de 1999 y que se centra en las molestias por obras y en edificaciones, dependiente del área de Medio Ambiente, y la ordenanza de Convivencia Ciudadana, que distingue entre asuntos como las molestias en la vía pública, las molestias a viviendas y las que se producen entre vecinos, así como las derivadas de los espectáculos públicos y actividades recreativas, donde se incluyen por ejemplo las actividades de las terrazas, bares y demás establecimientos de hostelería.

Hasta hace algún tiempo, cuando un ciudadano sufría alguna molestia relacionada con el ruido el modo de proceder era llamar a la Policía Local -algo que hoy se sigue haciendo como primer recurso- y entonces se ponía en marcha la maquinaria que derivaría en un expediente a tramitar por el área responsable.

Hubo un tiempo, desde el año 2004 hasta aproximadamente 2018, en que sí había un sonómetro en la Policía Local, hasta que los dos únicos agentes formados en la materia se jubilaron, y del sonómetro nunca más se supo. La última factura que consta en el Ayuntamiento de la verificación del sonómetro es de enero de 2019.

Ahora muchos vecinos se lamentan de que la Policía Local no atiende sus quejas, algo que han negado desde el Cuerpo municipal, aunque según ha podido saber este periódico, el protocolo de actuación de los agentes pasa por actuar en el caso de las molestias derivadas de viviendas turísticas ilegales, comprobando si están dadas de alta en el registro de la Junta de Andalucía, y en caso negativo que sea la Junta la que tramite el acta correspondiente. Por lo que respecta a las molestias de establecimientos públicos, las directrices pasarían por emitir un informe al respecto de la queja de que se trate, aunque sin levantar acta ni invitar al ciudadano a poner una denuncia.

Esta situación ha terminado por colmar la paciencia de muchos ciudadanos, que ven cómo la administración competente echa balones fuera en un tema muy sensible que ha tenido en pie de guerra a buena parte de la población durante todo el verano, incluyendo una concentración que se llevó a cabo a finales del pasado mes de julio junto a la playa de El Aculadero.

En las últimas fechas, un ciudadano ha llegado a interponer una denuncia ante la Delegación Provincial de Salud, mientras que los vecinos de la calle Misericordia tienen la vía judicial abierta contra el Ayuntamiento y otra vecina ha optado por llevar su reclamación al Defensor del Pueblo Andaluz, que ha admitido a trámite su denuncia.