Una familia del Poblado Naval, pendiente de nuevo de su desahucio

La inquietud que vivió el pasado mes de marzo la familia de María del Carmen Arribas, esposa de un marino destinado en la Base Naval de Rota, volverá a repetirse en los próximos días si nadie lo remedia. La familia compuesta por nueve miembros (los padres y siete hijos) está de nuevo pendiente de que se ejecute el desahucio decretado por la Dirección General del Invifas (Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas), previsto en principio para el pasado mes de marzo, aunque finalmente la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional logró retrasar seis meses la medida. Ahora, transcurrido ya ese plazo, el Alto Tribunal aún no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión por lo que en principio el Invifas podría ejecutar el lanzamiento de la familia el próximo martes, aún a riesgo de que después el Constitucional le venga a dar la razón a la familia.

Ante esta situación, el titular de la vivienda situada en el Poblado Naval se ha dirigido tanto al Director General del Invifas como al Defensor del Pueblo para exponerle su situación, a la que se llegó, según denuncia la familia, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) plagada de errores materiales y que amparaba el desalojo de la familia, que ocupa la vivienda de forma ininterrumpida desde hace ya 12 años.

En su día la familia explicó que la decisión del Invifas de retirarles el uso de la vivienda se debía a un traslado del titular a Canarias, aunque durante ese tiempo, que no excedió de un año en tiempo real contando permisos y vacaciones, la familia permaneció en el domicilio sin abandonarlo en ningún momento.

Cuando el Invifas comunicó el aplazamiento del desahucio, el pasado mes de marzo, tras la presentación del recurso de amparo se indicó a la familia que el lanzamiento se ejecutaría "inexcusablemente" el 22 de septiembre, aunque aún el Constitucional no se ha pronunciado sobre el recurso presentado. También se presentó ante el mismo Tribunal, el pasado julio, la petición de paralización del lanzamiento, que fue admitida a trámite.

Por otro lado, se da la circunstancia de que el marino titular de la vivienda no estará en El Puerto en la fecha prevista para el desahucio, ya que está embarcado desde abril de 2008 como segundo comandante del buque anfibio Galicia, que en las próximas fechas tiene previstas distintas maniobras y en concreto el 22 de septiembre estará en aguas de Almería.

La esposa del militar argumenta además que el lanzamiento "no es obligatorio, ya que podrá efectuarse o no en función del deseo de la administración".

En su escrito al director general del Invifas la familia expone de nuevo las circunstancias que rodearon la decisión del desalojo en el año 2006, tras un traslado forzoso del titular a Canarias por el que la administración consideró que se había perdido el derecho al uso de la vivienda, aunque la familia en ningún momento llegó a desalojarla y de hecho el marino regresó destinado a los 15 meses de nuevo a la Base Naval de Rota. En su día la familia decidió no trasladarse al tratarse de un destino de corta duración y estando el curso ya empezado, teniendo en cuenta que se trata de una familia con siete hijos escolarizados en diferentes niveles.

La decisión de privarle de la vivienda habitual la tomó el Invifas tras no haber utilizado el titular el derecho de uso de un pabellón de cargo en su destino de Canarias, algo que no hizo al no haber ningún pabellón disponible en ese momento. De haberlo exigido no hubiese tenido ningún problema.