El asesinato de El Puerto, un posible ajuste de cuentas según el fiscal

Después de tres horas para formalizar la constitución del jurado, ayer dio comienzo, pasadas las dos de la tarde, el juicio en el que se procesa a Julio Balader como supuesto autor del asesinato de Bernardina Montoya en septiembre de 2011 en El Puerto.

En las alegaciones iniciales de las partes, la fiscal explicó que este crimen podría responder a un ajuste de cuentas entre clanes gitanos rivales. Así, según detalló el Ministerio Público, el clan de los Celestinos (al que pertenecía la víctima) y el de los Merino mantuvieron un primer enfrentamiento en Mérida, que se saldó con un tiroteo y la muerte de dos de los Merino. Como consecuencia de este crimen -explicó la fiscal del caso-, los miembros de este bando amenazaron de muerte a los Celestinos e insinuaron que "tenían dinero para no ensuciarse las manos y contratar a un sicario". Bernardina y su familia huyeron a El Puerto y fue allí donde supuestamente Balader, una vez contratado, la hirió en el cuello con un arma de pequeño calibre causándole la muerte.

La acusación particular, por su parte, se adhirió al escrito del fiscal y declaró ante la Sala que pedían "justicia, no venganza". El letrado Marcos García Montes dijo que no era normal la presencia de un payo -el acusado- en medio de un conflicto de clanes gitanos y recalcó que Balader tiene antecedentes policiales, que no penales.

Por último, la defensa, representada por el abogado José Nuñez, explicó que no hay ninguna prueba que vincule a su cliente con la muerte de Bernardina Montoya. Para él es "un caso clarísimo", pues si bien Julio Balaguer estuvo detenido 132 días por este asesinato, asegura que el procesado "jamás" ha estado en El Puerto.

La defensa sostuvo además que Balader sólo cumplió los dos años de prisión preventiva (está en libertad desde enero de 2012) porque las pruebas para pedir la prórroga de su encarcelación eran "débiles", un extremo que negó la acusación particular, que argumentó que su puesta en libertad se debió a un fallo con los plazos para recurrir.

Será pieza clave en el juicio una prueba de reconocimiento que tuvo lugar en la comisaría por parte de un testigo protegido, quien pudo identificar al acusado. Mientras que el Ministerio Fiscal incide en la importancia de esta posible identificación por parte de una persona -cercana a la víctima- que presenció el crimen, la defensa ha solicitado su anulación por considerarla una "prueba irregular". El letrado argumentó que durante dicho reconocimiento, efectuado 132 días después de los hechos, su cliente, de 64 años, fue expuesto en la rueda de reconocimiento junto a otras tres personas mucho más jóvenes que él. El abogado habló de "un empecinamiento claro de la Policía para que su cliente esté sentado en el banquillo" .

El acusado declaró en la sesión de ayer que el día del crimen él estaba en Barcelona trabajando en una pizzería y que nunca había estado en la localidad portuense. Respondió a las preguntas del fiscal y de su defensa. Dejó de responder a la acusación particular en mitad del interrogatorio.