Ayuntamiento y representantes de los propietarios de los diseminados ilegales se reunieron nuevamente ayer para abordar las reclamaciones de este colectivo. Tres asuntos había sobre la mesa: la legalización de estos núcleos antes de que se apruebe el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU); la concesión de luz y agua a estas viviendas al margen de la ley; y la paralización de los expedientes sancionadores y de las multas coercitivas contra estos propietarios. Al encuentro asistieron los representantes de Fevema, Coave y Flave.

La primera de estas cuestiones ha sido descartada definitivamente por el Consistorio. Tal y como explicó el alcalde, Enrique Moresco, la "única vía" de legalización de estos núcleos es una vez que se apruebe el nuevo PGOU.

Sobre los otros dos asuntos abordados, sí hubo un acercamiento de posturas. En cuanto a la concesión de luz y agua, el Ayuntamiento ha decidido descartar la elaboración de un protocolo que regule la concesión de este suministro (hace meses se hizo un borrador que pretendía ser llevado a aprobación por parte del Pleno Municipal tras consensuarlo con los representantes de los diseminados ilegales). En él se establecían una serie de requisitos que debían cumplir las viviendas para acogerse a esta posibilidad. Así, no podían estar construidas sobre suelo protegido y ser la única casa en propiedad de la unidad familiar. Además se fijaba que las viviendas tenían que estar construidas antes de diciembre de 2002, fecha en la que entró en vigor la LOUA. Esta fecha no es baladí puesto que esta normativa establece en una de sus disposiciones adicionales que se permitirán determinadas obras de urbanización en los núcleos que ya por aquel entonces existían y que tenían la consideración de ilegales. Eso sí, también deberían tener la antigüedad suficiente para que no se le pudiera abrir un procedimiento disciplinario (el plazo de prescripción es de cuatro años).

Tras la reunión de ayer, el equipo de Gobierno municipal ha optado por no continuar con el protocolo y limitarse a lo que establece la ley andaluza de suelo. Por lo tanto, aunque esta circunstancia no fue apuntada ayer, se presupone que el requisito de que sea la única vivienda en propiedad de la unidad familiar es el único que se cae de los incluidos en el protocolo que se barajaba inicialmente.

El tercer asunto de los expuestos en la reunión de ayer fue la posible paralización de las multas coercitivas que se han impuesto a un importante número de propietarios (no hay cifras oficiales al respecto). Estas sanciones vienen motivadas por los incumplimientos de las órdenes de derribo que decreta el Ayuntamiento contra las viviendas y que, según establece la LOUA, pueden imponerse una al mes hasta un máximo de 12, con una cuantía cada una del 10% del valor de las obras (son 10 en el caso de que se haya decretado la suspensión de la construcción).

El alcalde dijo que se está analizando la viabilidad jurídica de paralizar estos expedientes. Para ello está previsto que en próximos días se produzcan varias reuniones a nivel técnico entre personal de las áreas municipales de Urbanismo y Economía con representantes de Fevema y Coave para estudiar esta posibilidad. También está previsto un encuentro con los responsables del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, organismo dependiente de la Diputación de Cádiz, para abordar esta cuestión en los expedientes que están ya en situación de apremio (de hecho, ya se han producido embargos de terrenos).