Unión Portuense denuncia públicamente "la descarada dejación de funciones del alcalde, Germán Beardo, ya que como indica la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cada policía local es un cuerpo único bajo la dirección superior del alcalde. Por tanto, es sobre Beardo sobre quien recae la obligación legal de garantizar la seguridad en nuestras calles y plazas, en el tráfico rodado, en la celebración de eventos públicos y en el cumplimiento de las ordenanzas municipales que son competencias propias de la Policía Local", recuerdan.

Desde UP destacan que "a lo largo de nuestras visitas a los barrios y zonas de la ciudad, son muchos los vecinos que muestran su preocupación por la falta de seguridad en sus barrios tras meses sin ver un policía patrullando. Cada vez son más los vehículos que aparcan indebidamente en aparcamientos reservados a personas con discapacidad, encima de las aceras, de los pasos de peatones o jóvenes sin casco en ciclomotores al no existir presencia policial municipal en la vía pública".

La falta de seguridad en El Puerto, paliada en gran medida por otras fuerzas de seguridad del Estado, "se evidencia día tras día en nuestros barrios, comercios, mercadillos o playas. No tenemos agentes que se encarguen de la regularización del tráfico, de los controles de alcoholemia y estupefacientes, o que simplemente sirvan como presencia disuasoria en nuestras calles. También cabe destacar, la desesperación de los vecinos que cuando llaman a la Jefatura para denunciar cualquier hecho que quebrante la seguridad ciudadana, reciben como única respuesta, que no tienen efectivos. Todo ello incrementado con la falta de socorristas acuáticos en nuestras playas y con la bochornosa retirada de las banderas azules", añaden.

De la Policía Local también depende el control de medidas anticovid, por lo que al no estar funcionando el cumplimiento de estas normativas, el peligro de aumento de contagios se incrementa, como demuestran los datos de incidencia acumulada en El Puerto, los cuales han pasado de 50 casos por cada 100.000 habitantes hace dos semanas, a 714 por cada 100.000 habitantes a 23 de julio.

Además de estas carencias, el concejal de Unión Portuense Javier Botella considera que "este daño no solo repercute en la seguridad o bienestar de nuestros conciudadanos, sino que, asimismo, daña considerablemente la imagen de la ciudad como destino turístico seguro y de calidad, generando un efecto llamada para que aumente el caos y el reclamo de botellones, dando de esta forma, la sensación de que El Puerto se ha convertido en una ciudad sin ley. Beardo no puede usar como portavoz político al polémico jefe de la Policía Local, Rafael Muñoz, o ausentarse y esconderse en el pleno, tras la incapacidad de la concejala Marina Peris. Su estrategia de inmovilismo, propia del manual de resistencia de su caduco asesor, Antonio Caraballo, está siendo un desastre a la par que demuestra una nula sensibilidad con el conflicto y con las partes implicadas, una disputa absurda que agrava la delicada situación social y económica de miles de portuenses”, afirma Javier Botella.

Desde Unión Portuense abogan por "una rápida solución a esta situación anómala que no tiene parangón en la historia reciente de El Puerto de Santa María y exigimos que el alcalde no se esconda, como hace siempre que se encuentra con un problema, y asuma, de una vez por todas, sus funciones en materia de seguridad ciudadana".