"Quiero demoler mi casa pero no tengo dinero para hacerlo, estoy desesperado"

La historia de Lorenzo Álvarez es la de uno de tantos portuenses que un buen día decidieron dar el paso de construirse ilegalmente una vivienda. Es cierto que en su caso la construcción de la casa se produjo en el año 2007, cuando ya era más que sabido que tirar por ese camino era arriesgarse a una serie de sanciones y consecuencias legales peligrosas, como así ha sido en este caso, pero también es cierto que no siempre la diligencia de las administraciones encargadas de velar por el cumplimiento de la legalidad ha sido la esperada.

Lorenzo y su mujer tenían una parcela en la zona de Manila, junto a La Negra (en las inmediaciones de la Variante de Rota) y en 2007 decidieron levantar una casa en la que comenzaron a residir de inmediato, dejando el piso en el que habitaban hasta entonces a su hija y su pareja, hoy ambos desempleados. Su finca está en régimen de proindiviso con otro propietario que comenzó a construir algo más tarde. Cuando la casa vecina estaba en construcción, desde Urbanismo le llegó el primer expediente, que le señalaba como propietario de las dos viviendas, la suya propia y la del vecino.

Lorenzo remitió entonces una carta a la Concejalía, aclarando que él era solo el propietario de una de las casas y aportando todo tipo de datos sobre la construcción, de manera que el expediente se corrigió y en el año 2008 le llegó una primera multa de 5.300 euros. Pero lo curioso del asunto es que en esa carta Lorenzo también explicaba que la casa del vecino estaba en construcción, incluyendo incluso una piscina, y no solo nadie acudió a paralizar la obra sino que a día de hoy, esa vivienda no cuenta con ningún tipo de expediente abierto. Es más, se trata de una segunda residencia cuyos propietarios viven fuera de la ciudad.

En estos años desde 2008 Lorenzo ha recibido ya un total de cuatro multas coercitivas y de momento ha pagado ya 6.874 euros que le han ido quitando de la cuenta corriente. Tiene una pensión por invalidez de 1.400 euros, de la cual entre el pago de las multas y el pago de la hipoteca del piso en el que vive su hija apenas le quedan 400 euros para vivir. La cuarta multa, que ha recibido hace tan solo unos días, vence el 5 de mayo y Lorenzo, que ya no puede más, ha decidido tirar la vivienda. El problema es que no tiene dinero para hacerlo, ya que el presupuesto de la demolición ronda también los 5.000 euros.

La ley marca la imposición de hasta un total de doce multas consecutivas en el caso de que no se atienda la orden de demolición, pero lo curioso es que en El Puerto, con casi 5.000 viviendas ilegales, apenas si se ha derribado alguna. A pesar de la existencia de varias sentencias judiciales el Ayuntamiento no ha demolido ninguna , siendo los propietarios de dos casas ilegales lo que en los últimos años han dado el paso de forma voluntaria.

La vivienda de Lorenzo se ubica en una zona catalogada en el nuevo PGOU como urbanizable no sectorizada, es decir, no es una de las ARG previstas para su regularización dentro del primer cuatrienio del plan. Se trata de una parcela de mil metros cuadrados de los que la superficie construida ocupa aproximadamente la mitad.

Lorenzo es plenamente consciente de que nunca debió haber construido la casa, reconoce que se equivocó, tal vez mal aconsejado por los "entendidos" que le aseguraron que no iba a pasarle nada...

Hace escasas fechas se reunió con el abogado de Urbanismo y también con la concejala, Leocadia Benavente, quienes le comunicaron que no hay manera de parar las multas que le seguirán llegando hasta que se produzca el derribo de la casa.

Cuestionados sobre la aleatoriedad de las multas y expedientes en los casos de viviendas ilegales, desde la Concejalía de Urbanismo expresaron ayer que "normalmente estas multas coercitivas llegan, en la mayor parte, de denuncias de otros vecinos de la zona. Por eso puede ocurrir en este caso, como pasa en otros puntos de la ciudad, que solo haya uno o pocos vecinos sancionados".

En cuanto a las ARG que se ubican en suelo urbano no consolidado, como las que están iniciando los trámites para su regularización, desde Urbanismo explican que "cuando se manda una multa coercitiva se dan dos opciones, o demoler o regularizarse, pero en el caso de este señor, al estar la casa en suelo no sectorizado, no tiene esa opción y solo procede la multa".

Lorenzo Álvarez se muestra dispuesto a derribar la casa en cuanto consiga el dinero pero sabe que el problema vendrá después. "Seré un desahuciado más, no sé a dónde iré y no sé qué mas puedo hacer. Nunca me imaginé tener que pasar por este calvario", lamenta.