El anuncio realizado el jueves a través de una nota de prensa por el alcalde, Alfonso Candón, sobre el paso por el pleno, el próximo lunes, de la ordenanza municipal de Vivienda, no ha sentado bien a los grupos de la oposición ni a la coordinadora de viviendas municipales, que se enteraron de ello por la prensa, después de haber estado meses negociando las modificaciones que se iban a realizar en el documento.

De hecho, en el orden del día emitido por el Ayuntamiento para el pleno del lunes no figura la aprobación de la ordenanza en el orden del día, ni tampoco los portavoces tuvieron ocasión de recibir explicación alguna en la comisión informativa previa al pleno, que se celebró ayer y en la que el encargado de dar la cara fue el interventor municipal, quien había emitido un informe pero sin tener tampoco en sus manos la propuesta que se iba a elevar a pleno.

No obstante, el informe que el interventor entregó a los grupos es bastante revelador en su contenido y viene a echar por tierra en gran medida las esperanzas que los inquilinos de los pisos municipales tenían en la modificación de la ordenanza. Y es que según se refleja en el citado informe, las decisiones de bajar la renta a los inquilinos y subvencionar el pago del IBI chocarían de lleno con las directrices del Plan de Ajuste, primero de la empresa municipal de Suelo y Vivienda, Suvipuerto, y después del Ayuntamiento.

Como se recordará, hace dos años y medio el gobierno local modificó la ordenanza incrementando los alquileres en un 67% de media e imponiendo la repercusión del IBI a los inquilinos, lo que motivó una oleada de protestas que se han mantenido hasta hace apenas unos meses, cuando se accedió a revisar la ordenanza. Según el informe emitido por el interventor, con la aplicación de las reducciones consensuadas con los inquilinos y los grupos municipales Suvipuerto dejaría de ingresar al año más de 587.000 euros (522.000 por las rentas y 65.000 por la subvención del IBI), lo que vendría a agravar aún más la ya de por sí agónica situación económica de la empresa de Vivienda.

La propuesta contempla que sea el Ayuntamiento el que asuma esta pérdida de ingresos de Suvipuerto, algo que también supondría un incumplimiento del Plan de Ajuste y elevaría los créditos de gastos para el presupuesto de 2014 (el de 2013 está ahora mismo prorrogado y no contempla crédito presupuestario para asumir esta operación).

Además, el interventor advierte a los concejales que la aprobación de una propuesta sin el reajuste previo del Plan de Ajuste y sin existir presupuesto para ello supondría una infracción "muy grave" en materia económica-financiera, según la Ley de régimen local. La conclusión del interventor es que no debería adoptarse el acuerdo propuesto y que según el anuncio del alcalde irá a pleno el lunes, al menos en tanto que no se modifique el vigente Plan de Ajuste. Por ello, en la propuesta se incluirá como condicionante que se destine crédito a estas medidas en los presupuestos y que el pleno vote la modificación del Plan de Ajuste hasta 2023.

Ayer, tras tener acceso a este informe y después de enterarse de que la ordenanza irá a pleno el lunes, los ediles Antonio Fernández (IU), David de la Encina (PSOE) y Carmen Vaca (CP) ofrecieron una rueda de prensa junto a dos de los responsables de la Coordinadora de Viviendas, Manuel Enríquez y Cayetano Cárdenas. Todos ellos lamentaron las formas del equipo de Gobierno en este asunto y denunciaron que después de meses de trabajo con los inquilinos y de haberse alcanzado un acuerdo, se hagan las cosas de forma atropellada.

Los portavoces calificaron de "esperpéntica" la comisión informativa de ayer, ya que no acudió el responsable de Vivienda, Antonio Jesús Ruiz, y el único que pudo arrojar algo de luz fue el interventor, aunque sin tener en su poder en ese momento la moción que se iba a llevar a pleno.

Los representantes de los vecinos manifestaron ayer su hartazgo ante un proceso en el que llevan nueve meses trabajando y aseguraron estar ya "mareados. Sentimos que están jugando con nosotros", denunciaron, para recordar además el drama que ha supuesto para muchos inquilinos la subida de las rentas en estos dos últimos años.