El pleno ordinario del mes de septiembre, celebrado ayer, resultó un tanto extraño. Y es que los que en un principio se podían haber intuido como puntos estrella, por los ríos de tinta que se han vertido sobre ellos, fueron aprobados rápidamente sin debate y a otra cosa. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con la aprobación definitiva de los presupuestos municipales de este año -tras rechazarse las alegaciones presentadas- o con la aprobación definitiva del convenio con la Autoridad Portuaria para los suelos de La Puntilla.

Otros temas que se debatieron al final del pleno, sin embargo, fueron los que verdaderamente generaron más debate y los que congregaron en la sesión a más público, por ejemplo el relativo al servicio municipal de limpieza en colegios y dependencias municipales. Se trataba de una propuesta del grupo municipal Levantemos, que pedía que no se prorrogara el contrato por las irregularidades detectadas en el servicio, y el debate contó con la presencia de muchas de las trabajadoras del mismo. También curiosamente en la sesión de ayer había hasta cuatro agentes de la Policía Local vigilando el desarrollo de la sesión, algo que no suele ser habitual salvo en plenos que se prevean muy ajetreados o polémicos.

Con anterioridad al debate intervino una de las trabajadoras, que dijo claramente que la plantilla no quería una prórroga con la empresa Mayse, la actual concesionaria, que lleva más de 30 años al frente del servicio. Las trabajadoras, la mayoría mujeres, piden un nuevo pliego de condiciones más beneficioso para ellas y recuerdan que se trata de un colectivo "muy precarizado. Sufrimos recortes desde hace años y mientras crecen los centros la plantilla es la misma". Las trabajadoras también piden que se cuente con ellas para la elaboración de un nuevo pliego de condiciones.

Por parte de Levantemos, la edil Vanesa Gómez dijo que el último pliego, que salió gobernando aún el PP, "se hizo para beneficiar a la empresa" y habló del "ocultismo" que existe sobre este expediente. Estas afirmaciones no gustaron al portavoz popular, que retó a Vanesa Gómez a aclarar sus acusaciones.

Beardo recordó que "hay una inspección del contrato y un concejal responsable" y teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones, optó por valorar la decisión con más tiempo.

Mientras, entre el público, las trabajadoras del servicio comentaban la jugada en voz alta.

Por su parte el concejal de Medio Ambiente, José Luis Bueno, también apostó por elaborar un nuevo pliego de condiciones, asegurando que "la participación de la plantilla está garantizada".

En el debate de este apunto se ausentó la socialista Carmen Ojeda, trabajadora de Mayse, mientras que la edil de Educación, Ana Arias, recordó que "ya ha habido varias reuniones con la plantilla y vamos a trabajar para hacer un nuevo pliego con mejores condiciones", apostando también por no firmar una prórroga.

En el segundo turno de intervenciones se fueron desgranando algunas de las deficiencias del actual contrato, como el fin del dinero destinado a limpiar los baños públicos que están cerrados, la opacidad del contrato o las supuestas horas de mejora que según quedó claro, no son reales. El edil de Medio Ambiente afirmó que se realizan inspecciones del servicio y que existen informes, pero afirmó que "el pliego es mejorable" y dijo claramente que "las 25.000 horas que supuestamente ofrece la empresa no son de libre disposición para el Ayuntamiento, lo que convierte esas horas en humo. El pliego está mal hecho, esas horas son mentira y ahora nos toca gestionar esa mentira", dijo, para añadir que "es necesario aumentar la fiscalización".

A la hora de votar, se rechazó la prórroga con los votos del equipo de Gobierno y Levantemos, el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos.

Por otro lado, también llevó público a la sesión el debate del estado de la Cañada del Verdugo, que llegó por urgencia de la mano del PP. El edil Carlos Coronado ratificó que probablemente es la zona que está "en peor estado de El Puerto" y aunque todos los grupos coincidieron en señalar este mal estado, el PSOE e IU explicaron que hay dudas sobre la titularidad del suelo y sobre a quién correspondería el asfaltado de esa vía. El equipo de gobierno se comprometió a estudiar la documentación al respecto, aunque dudó de si es posible actuar en la Cañada.