Tanto PSOE como Izquierda Unida han presentado alegaciones a la totalidad de Ordenanza de Convivencia. Así, los socialistas consideran que “en el documento elaborado no se contempla una intervención social ante los problemas sociales, tan solo una acción represiva y recaudatoria, que se intenta de justificar con dar información a la persona afectada sobre las distintas ayudas existentes o una sustitución de la sanción por trabajos en beneficio de la comunidad, que son un brindis al sol”.

El portavoz socialista Ángel M.ª González  señala que “es evidente que el Ayuntamiento no está preparado para poner en marcha los trabajos en beneficio de la comunidad. Tanto es así que la propia ordenanza recoge que esta opción no será de obligada aplicación por el ayuntamiento, si no tan solo cuando no exista dificultad material y organizativa, entre otras cuestiones”. Por ello, la propuesta socialista pasa por incorporar un anexo de protocolo de actuación social, así como seguridad jurídica para realizar los trabajos en beneficio de la comunidad.

Otro aspecto que el PSOE rechaza de la ordenanza  es su duplicidad, puesto que se tipifican conductas que ya están recogidas en normativas superiores: en mayor medida en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana; la Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía; la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía o Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía, entre otras. Y con relación a aquellas conductas no recogidas, desde el PSOE consideran que “son fácilmente reconducibles a otras ordenanzas municipales a modificar, o a la creación de nuevas ordenanzas donde el articulado sea más extenso y dote de más sentido a éstos, tales como ordenanzas de medio ambiente o tráfico”.

Como ha explicado el portavoz socialista “consideramos que esta norma no es necesaria, tal es así que ni en su propia exposición de motivos está justificada su necesidad, ni por demanda ciudadana ni por relevancia estadística. Por lo que entendemos que antes habría que haber recabado la información que permitiera dirimir su necesidad o no”.

González recuerda que “en 2018 la anterior ordenanza fue derogada precisamente por los mismos motivos: por duplicidad con otras normativas, por dar respuesta a conductas que en nuestro municipio no eran relevantes (según informe de la propia Policía Local) y por criminalizar a ciertos colectivos socialmente vulnerables, lo que ahora se vuelve a hacer con este borrador”.

Por su parte desde Izquierda Unida han presentado también una alegación al borrador de la ordenanza de convivencia. Desde la formación alegan que "ya existen herramientas y normativas tanto municipales como supramunicipales para atajar los problemas de convivencia que puedan llegar a producirse en la ciudad, sin necesidad de volver a aprobar esta ordenanza que ya fue derogada en 2018".

En palabras de Matilde Roselló, concejala de Adelante El Puerto, "nos encontramos ante un borrador de ordenanza que vuelve a limitar la utilización ciudadana de los espacios públicos, y al no estar claramente tipificadas las infracciones, el ámbito en el que se puede aplicar es tan amplio que permite sancionar actividades que para nada suponen actos incívicos" y añade que "de su articulado vuelve a desprenderse el afán recaudatorio que ya desprendía la anterior ordenanza".

Desde IU -una de las formaciones incluidas en el grupo Adelante- no niegan los problemas de convivencia que existen en la ciudad, "pero no estamos de acuerdo en la forma que se propone abordarlos. Estamos convencidos de que una aplicación más efectiva de las ordenanzas actuales, así como abrir mecanismos de diálogo con los vecinos afectados por problemas de convivencia para promover la convivencia y conciliar los distintos usos del espacio público, junto con un refuerzo en la presencia policial, serían mecanismos suficientes para paliar las consecuencias derivadas de estos conflictos", señala Roselló.

Para la edil "la mayoría de las conductas que se pretenden regular en el borrador de la ordenanza están recogidas ya en otras normativas vigentes y también contenidas en ordenanzas municipales, por lo que pensamos que el Ayuntamiento ya tiene instrumentos legales suficientes para dar respuesta a conductas de ciudadanía irresponsable que se pueden producir en nuestra ciudad, tal y como recogían los informes técnicos que se recabaron cuando se llevó a pleno la derogación de la ordenanza, por lo que el hecho de querer rescatar estar ordenanza no es más que otra muestra más del fracaso y la incapacidad del equipo de gobierno para atajar los actos incívicos y el vandalismo en la ciudad. Por todo esto hemos remitido una enmienda a la totalidad al borrador de la ordenanza y, como alternativa, proponemos crear programas preventivos que contribuyan a mejorar la calidad de la convivencia y retomar la Mesa de Diálogo que ya se puso en marcha en el mandato pasado, compuesta por los representantes de las diferentes asociaciones vecinales de la ciudad, asociaciones y colectivos, miembros de la Policía Local y representantes de los diferentes grupos políticos que conforman la Corporación Municipal", explica.

Roselló le recuerda además al socio de gobierno, Ciudadanos, con Curro Martínez a la cabeza, "que los compañeros de su partido ya en 2017 votaron a favor de la derogación de esta ordenanza, por lo que esperamos que tengan algo que decir al respecto y esperamos que no vuelva a dejarse ningunear por Germán Beardo".