Tras el reciente portazo del exconcejal de Urbanismo, Diego Muñoz, ante la falta de apoyo que le ha brindado el alcalde, Enrique Moresco, para sacar adelante cuanto antes la nueva ordenanza municipal para la regularización de viviendas ilegales, el Partido Popular aseguró ayer que seguirán trabajando para sacar adelante el documento, en el que se viene trabajando desde principios del año 2012.

Aunque los planes municipales pasaban por haber sacado adelante la ordenanza en el primer trimestre de este año, lo cierto es que tras un importante retraso y el rechazo al documento hecho público la semana pasada por parte del socio andalucista del PP, Antonio Jesús Ruiz Aguilar, no se sabe ahora qué futuro le espera al documento. Por parte de los populares, desde el gabinete de prensa municipal aseguraron que no se va a paralizar su tramitación y que incluso la nueva responsable de Urbanismo, Leocadia Benavente, ya ha mantenido una reunión sobre este asunto con Ruiz Aguilar y con técnicos del área de Urbanismo,

Según la información facilitada ayer a través del gabinete de prensa, el objetivo es continuar con la tramitación aunque intentando contar con el apoyo del Partido Andalucista, para lo que habrá que solucionar "algunos ajustes técnicos, jurídicos y legales", explicaron. En cuanto a los aspectos técnicos, será fundamental contar con un informe del área económica, ya que la puesta en marcha de la ordenanza afectará en gran medida a las arcas municipales.

El propio Diego Muñoz señalaba en su escrito de dimisión que la nueva ordenanza "servirá de pistoletazo para generar una actividad económica de más de 200 millones de euros, la creación de unos 2.000 puestos de trabajo y la solución al caos urbanístico de la ciudad". En dicho escrito Muñoz acusaba a Antonio Jesús Ruiz de querer hacer "política de humo" de un tema social, acusándole también, en la rueda de prensa que ofreció el pasado viernes, de estar actuando por motivos electoralistas, ya que la regularización programada de miles de viviendas ilegales en este momento de crisis económica podría provocar un rechazo generalizado de muchos propietarios al tener que afrontar en este momento importantes gastos para acceder a la regularización.

Así las cosas, parece que la aprobación de la nueva ordenanza podría dejar de ser una prioridad en estos momentos para la Concejalía de Urbanismo, en tanto se alcanzase una solución pactada con los andalucistas, ya que de otro modo la única manera de sacarla adelante sería consensuar el documento con los grupos de la oposición, algo que no parece fácil. En este sentido, el portavoz del grupo municipal socialista, David de la Encina, considera que "si bien el texto presentado en el mes de julio por Muñoz tiene aún mucho por desarrollar y requiere de un notable trabajo de concreción, no es menos cierto que, cuando menos merecía una valoración positiva y no la expulsión de este teniente de alcalde del gobierno". Como añade De la Encina "es justo destacar la actitud del dimitido concejal del PP, por haber trabajado con carácter previo el borrador en una ronda de encuentros técnico-políticos donde se han podido realizar aportaciones al documento". Lo que lamenta el PSOE es que "el PA no haya hecho ninguna aportación a ese borrador y, lo que es peor, que entre ellos y el PP lleven ya seis años en el poder sin ser capaces de resolver los más de 5.000 problemas de edificaciones irregulares que existen en la ciudad".

Por su parte el portavoz municipal de Izquierda Unida, Julio Acale, señala que "a Izquierda Unida esta ordenanza no termina de convencernos porque creemos que tiene faltas importantes. IU ha asistido a todas las reuniones de trabajo a las que se nos ha convocado y hemos realizado aportaciones porque consideramos que estamos ante un tema de vital importancia para El Puerto y por ello en la aprobación inicial podríamos llegar a abstenernos con el fin de propiciar el debate y enriquecer más la ordenanza a través de las alegaciones, en las que estamos trabajando".

Además, la formación cree necesario que ante la falta de acuerdo que se ha generado en el seno del equipo de gobierno, "debe retomarse el diálogo entre todas las partes para conciliar posturas, y en función de lo que se acuerde decidiríamos el sentido final de nuestro voto. Creemos que estas discrepancias entre PP y PA demuestran que el pacto hace aguas, que hay una profunda división entre ambos partidos y que están primando sus intereses partidistas sobre los de la ciudad. Pensamos que se está intentando retrasar la solución al problema de las Emas para obtener rédito de cara a las elecciones municipales de 2015. Por eso mismo creemos que lo mejor para El Puerto es que se rompa el pacto entre PP y PA", concluyen.