Ella dice que no ha sido una venganza, aunque lo parece. La actual concejala de Urbanismo en funciones del Ayuntamiento de El Puerto, Leocadia Benavente, dio ayer la puntilla a su carrera en la política municipal de la mano del Partido Popular al votar en contra de su grupo en el último puntos del orden del día de la sesión de pleno extraordinaria celebrada a primera hora de la mañana.

Hay que recordar que ni Leocadia Benavente ni su pareja, el también edil popular Raúl Capdevila, han formado parte de la candidatura del PP a las municipales que encabezaba Alfonso Candón, con quien ninguno de los dos mantiene buenas relaciones. En el caso de Capdevila, desde que se hizo pública su retirada de la política activa, hace ya varios meses, ni siquiera ha acudido a las sesiones de plenos ni a los actos públicos convocados por su partido, no así Benavente, que ha acudido a todas las sesiones de forma disciplinada. Pero esa disciplina saltó ayer por los aires a cuenta de la polémica ordenanza municipal sobre el incremento del patrimonio urbano natural, una ordenanza que ha sido impulsada y elaborada por el área municipal de Medio Ambiente (que dirige en la sombra el polémico jefe de servicio Antonio Caraballo).

En pocas palabras, y para quien no sepa de qué va esta ordenanza, se trata de un documento vinculado al nuevo Plan General de Ordenación Urbana que obligará a las nuevas promociones de viviendas a plantar un árbol por cada 50 metros cuadrados de edificabilidad, eso sí, previo pago de las tasas que también se iban a aprobar en la sesión plenaria de ayer y que encomienda tanto la dotación de arbolado como su plantación a una empresa adjudicataria, Urbaser, dentro del macrocontrato recientemente firmado para la gestión integral del paisaje urbano.

En el pleno de ayer primero se sometía a aprobación la resolución de las alegaciones a dicha ordenanza, y posteriormente a la ordenanza fiscal necesaria para regularla.

Pero antes de la inesperada acción de Benavente, fueron los socios de gobierno del PP, el Partido Andalucista, quienes anunciaron su voto en contra de ambos puntos por no estar de acuerdo con la ordenanza en cuestión, pese a haberla aprobado en su trámite inicial, si bien es cierto que después presentaron alegaciones.

El andalucista Carlos Coronado y su equipo votaron en contra de la ordenanza, lo que le valió un rapapolvo de la edil popular de Medio Ambiente, Marta Rodríguez, quien le acusó de votar "por una pataleta por el pacto que nunca rompieron", acusando además de irresponsabilidad a los andalucistas.

El encargado de replicar a la edil del PP fue Jesús González Beltrán, del PA, quien recordó a Rodríguez que ya anunciaron que no les gustaba una ordenanza que según dijo encarecerá las licencias de obras para los promotores "al menos un 30", aunque reconoció que en su primer trámite votaron a favor "para no parar el procedimiento y seguir por la vía de las alegaciones". Fue en este punto, cuando se votó la aprobación de la ordenanza fiscal, cuando tanto los andalucistas como Benavente levantaron la mano al unísono junto a las de los ediles de PSOE e Izquierda Unida, produciéndose entonces una situación de incredulidad en las filas populares que vieron como se quedaban con nueve votos frente a los diez que rechazaban la tasa. Los tres ediles de Ciudadanos Portuenses prefirieron abstenerse, lo que les valió también la crítica del PA ya que González Beltrán dijo no explicarse "cómo se rebelan ante la zona naranja y no les importa ahora que se incrementen las tasas para la construcción".

Tras el pleno Leocadia Benavente explicó a este periódico el motivo de su voto. "He votado en conciencia porque creo que esta tasa es algo negativo para El Puerto. Vamos a estar en desventaja con otras ciudades del entorno y se trata de un nuevo impuesto que entorpecerá la recuperación del sector de la construcción", afirmó.

Benavente añade que en clave interna ya había advertido a su partido, al menos desde octubre del pasado año, de la inoportunidad de esta nueva tasa y de esta ordenanza que en su opinión se debería haber desvinculado del PGOU. De hecho, según ha podido saber este periódico la práctica totalidad de los técnicos de Urbanismo están en contra de esta nueva ordenanza y de las elevadas tasas que prevé, ya que obliga a los promotores a adquirir arbolado a una única empresa y a unos precios mucho más altos que en el mercado. La edil ya advertía entonces tanto al alcalde, Alfonso Candón, como a Damián Bornes y a José Galán (coordinador del área de Urbanismo) que la aplicación de esta tasa ambiental sería "darle la estocada a la construcción en El Puerto", aunque su tramitación siguió hacia delante.

Ayer, tras esta frustrada aprobación en pleno, la concejala de Medio Ambiente expresaba su temor de que pudieran quedar paralizadas las licencias de obra en la ciudad, aunque se han venido concediendo sin problema hasta ahora desde la aprobación del PGOU aún a falta de la aprobación de la polémica ordenanza.

El alcalde, por su parte, anunció ayer la apertura de un expediente disciplinario contra Benavente en el seno del partido y se prevé que el pleno pueda repetirse la semana próxima, para lo que el PP ha pedido ayuda incluso a PSOE e IU para que apoyen la aprobación de la nueva tasa" por responsabilidad".