El Juzgado contencioso-administrativo número 3 de Cádiz ha emitido una sentencia firme, contra la que no cabe recurso, mediante la cual se anula la sanción impuesta a un vecino de El Manantial, Salvador González Mateos, por unos hechos ocurridos en el verano de 2020 en la citada urbanización.

Este vecino, muy conocido en El Puerto por haber sido, entre otras cosas, presidente de la Flave y por su larga trayectoria en defensa del medio ambiente, protagonizó un episodio que culminó con la citada sanción cuando realizaba una acción cívica en demanda del buen funcionamiento de los servicios municipales de reciclaje, de forma pacífica.

En la denuncia tramitada se le achacaba una supuesta infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana y un supuesto desacato a la Policía Local que finalmente el Juzgado ha estimado que no ha quedado demostrado, ya que como se indica en la sentencia “es evidente que estamos ante una acción de protesta por el mal funcionamiento de la recogida de residuos, donde el recurrente se limitaba a clasificar los enseres depositados por los vecinos, a falta de contenedores específicos, y por la desidia de los depositantes a acudir a algún punto de reciclaje”.

La jueza entiende que la acción llevada a cabo por Salvador González “no puede entenderse como una infracción de desobediencia de la autoridad, sino como el ejercicio libre del derecho de expresión, máxime cuando se estaban incumpliendo las normas que regulan la retirada de los residuos, y que obliga a su selección. Por ello y no quedando probado por la falta de precisión de la denuncia, y de concreción de los hechos imputados, que efectivamente el recurrente procediera a desobedecer a los policías locales intervinientes, siendo que su ánimo era únicamente de protesta, procede estimar el recurso y anular la sanción impuesta”.

El Juzgado además ha impuesto al Ayuntamiento el pago de las costas del proceso.

Los hechos que motivaron la denuncia se remontan a la iniciativa impulsada por Salvador González en el verano de 2020, cuando se produjeron graves deficiencias en el funcionamiento del servicio municipal de limpieza y el denunciado organizó, junto a algunos de sus vecinos, una original protesta que comenzó con la recogida del reciclaje con un remolque cívico, donde los vecinos depositaban cartones, botellas, envases y latas de forma ordenada y González las trasladaba a diario a las isletas de reciclaje.

Tras sufrir un accidente con su vehículo, y al seguir los vecinos depositando los residuos reciclados para su recogida, Salvador optó por fabricar con los cartones distintos contenedores donde muchos vecinos siguieron reciclando de forma ordenada.

Fue a los dos meses de comenzar esta iniciativa cuando se produjo la visita de la Policía Local instando a Salvador González a retirar todos los objetos de la vía pública, visita que se saldó con la imposición de una multa de 601 euros, que ahora ha sido anulada.

El denunciado ha sido defendido por José Miguel Gómez Pedrosa, quien apelaba en su recurso al derecho de la libre expresión y la negligencia municipal a la hora de prestar los servicios de limpieza y reciclaje.