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La Junta, obligada a facilitar información a Ecologistas en Acción sobre el camping Las Dunas

  • Denuncian que la Consejería de Desarrollo Sostenible se venía negando a proporcionarles los datos que reclamaban sobre un expediente sancionador iniciado en 2008

El camping Las Dunas, en El Puerto.

El camping Las Dunas, en El Puerto. / Andrés Mora

La Junta de Andalucía se ve obligada a facilitar información a Ecologistas en Acción sobre las irregularidades denunciadas en el camping Las Dunas, ante las duras advertencias del Defensor del Pueblo Andaluz.
Así lo afirman desde Ecologistas en Acción, señalando que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible se venía negando a facilitar información sobre el estado de un expediente sancionador iniciado en 2008 contra el Ayuntamiento de El Puerto y la entidad mercantil camping Las Dunas, por la realización de obras sin autorización en el interior del establecimiento, imponiendo una sanción de 12.000 euros y la obligación de demoler lo ilícitamente construido.Y es que en el año 2016, y una vez finalizada la concesión de 13 hectáreas del monte público Dunas de San Antón otorgada al Ayuntamiento para camping turístico, Ecologistas en Acción inició los primeros pasos para conocer la situación del expediente abierto por la Junta de Andalucía por la realización de obras sin autorización de reforma y ampliación del bar-restaurante y la sala de reuniones, en zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre, así como la justificación del incumplimiento de la obligación de reposición de la realidad física alterada a su estado anterior.
"Como fiel reflejo de la ineficacia y dejadez administrativa, se nos informó que el expediente estaba paralizado desde hacía siete años, pendiente de la resolución de un Recurso de Alzada, que hubiera quedado para siempre en el olvido de no ser por el empecinamiento de los Ecologistas y la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz que, a requerimiento nuestro, instó a la Consejería a resolver el recurso tal y como está obligada. Finalmente y tras más de ocho años, en julio de 2017 la Consejería terminó resolviendo el recurso, estimándolo parcialmente dado que la sanción pecuniaria había prescrito, con el consiguiente quebranto a la hacienda pública, pero con el mantenimiento de la obligación de la demolición de lo ilícitamente construido".No obstante, según añaden, la entonces viceconsejera de Medio Ambiente se negó a notificar la resolución del recurso a Ecologistas en Acción como parte interesada en el procedimiento en el que se había personado. "De nuevo tuvo que intervenir el Defensor del Pueblo Andaluz, que, en un contundente y motivado escrito, conminó a la administración andaluza a considerar a la Asociación como parte interesada, y por lo tanto a notificar la resolución del recurso, así como el motivo por el que no se había cumplido la obligación de la demolición de las construcciones afectadas".Recientemente y después de 4 años de lucha por el reconocimiento de un derecho que está regulado en la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente; en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; y en la Ley 1/2014 de transparencia pública de Andalucía, se ha facilitado a los ecologistas la información reclamada, "pero en cambio se continúa con el empecinamiento, en contra del criterio del Defensor del Pueblo, de considerar a la Asociación como parte no interesada".De la información facilitada a la asociación, "se concluye que no se ha resuelto el Recurso de Alzada hasta que Ecologistas en Acción y el Defensor del Pueblo Andaluz no se interesaron por el expediente sancionador, ni se inició trámite alguno para intentar regularizar las construcciones ilegalmente levantadas hasta el inicio de la nueva concesión del Camping. La dejadez y la pasividad administrativa deberían de conllevar responsabilidades", apuntan los afectados.Además, "la misma empresa que ha sido sancionada por el incumplimiento de la Ley de Costas, estuvo realizando actividad sin concesión en el Camping durante 8 meses hasta la adjudicación de la actual concesión, que también ha recaído en la misma empresa, con conocimiento de la propia Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible".En la actualidad se sigue manteniendo la nueva concesión "a pesar de que la empresa no ha cumplido con las prescripciones técnicas de la misma, como es la liberación de un aparcamiento de 553 metros cuadrados del Camping que ocupan zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre sin título habilitante, y que figura como condicionante en el pliego de condiciones para beneficiarse de la concesión".Ecologistas en Acción considera "lamentable la gestión llevada a cabo por la administración andaluza plagada de irregularidades en la gestión del expediente sancionador, así como el control del cumplimiento de las prescripciones de la concesión de Camping Las Dunas. Ha sido sistemática la obstrucción al derecho para obtener la información requerida y la consideración como persona interesada en los procedimientos".Ecologistas en Acción adelanta que seguirá exigiendo responsabilidades por estas irregularidades.

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