Lo que pretendía ser una medida temporal para evitar que se produjeran desahucios en plena pandemia, como medida excepcional a causa del Estado de Alarma para que nadie se viera expuesto al coronavirus al haberse quedado en la calle, se ha desvirtuado, creando situaciones surrealistas, en la que personas con problemas sociales y económicos, en especial mujeres, se ven obligadas a asumir los gastos de una vivienda ocupada por inquilinos que han obtenido el certificado de vulnerabilidad, por lo que no pueden recuperar su casa.

En la provincia de Cádiz, la Plataforma de Afectados por la Ocupación tiene documentado el caso de una mujer que duerme desde hace dos años en un sofá en la casa de una amiga, al tener su única vivienda ocupada por inquilinos declarados vulnerables, debiendo ella asumir el coste del mantenimiento de la propia casa y los servicios que consumen. Algunos 'fondos buitre' están haciendo el agosto, ya que aprovechan estas situaciones desesperadas para comprar a precio de saldo y esperar a que se modifique la legislación.

Mientras tanto, pequeños propietarios que sólo cuentan con su trabajo para vivir, "están siendo usados como escudo social", cargando con el coste de mantener inquilinos que además no pagan la renta de alquiler (lo que se conoce como "inquiocupas"), cuando ellos mismos no llegan a fin de mes. Algunas mujeres que han vivido un divorcio en estos últimos años están llegando a situaciones límite.

Muchos de estos casos están documentados por la Plataforma de Afectados por la Ocupación y fueron entregados el miércoles al senador socialista Juan Espadas, con quien se reunieron en Sevilla  representantes de dicha plataforma, en dependencias del Parlamento de Andalucía. Al encuentro asistió la portavoz andaluza de la Plataforma de Afectados, la portuense Pilar Martínez, acompañada por Óscar Anaya, y con la presencia del presidente de la entidad, Ricardo Bravo, a través de vídeollamada. Como representantes del PSOE estuvieron el propio Espadas; el parlamentario andaluz Rafael Márquez, responsable socialista de Vivienda; e Isabel Ambrosio, también del PSOE, portavoz de Fomento.

Durante la reunión, Pilar Martínez trasladó al portavoz del grupo socialista en el Senado la situación que están viviendo muchos pequeños propietarios, insistiendo en que "la ocupación debe ser ilegal", y que el Real Decreto 11/2020 "ha transmitido la vulnerabilidad del inquilino al propietario", reclamando que no haya más prórrogas en una norma que ha quedado desvirtuada.

Según Pilar Martínez, Juan Espadas "se mostró muy receptivo" a la petición de la Plataforma, que le mostró numerosos casos con nombres y apellidos, en los que el denominador común es que está ocurriendo aquello que se quiso evitar al promulgar el Real Decreto (que admite que el 85% de los arrendadores son pequeños propietarios). "Esta particularidad del mercado del alquiler en España hace necesario que las medidas faciliten los acuerdos entre las partes para permitir el pago de las rentas", que en muchos casos "pueden ser esenciales para los arrendadores", reconoce el preámbulo del decreto, acuerdos que obviamente no se producen.

Según Pilar Martínez, después de entregarle la documentación, Espadas admitió que no tenía argumentos para rebatir a la plataforma, por lo que se comprometió a exponer la problemática en el Senado, trasladándola "a quien corresponda" para hacerla llegar al Gobierno.

En unos meses volverán a reunirse "para ver qué ha conseguido y qué no ha conseguido. Él se ha comprometido para llevarlo a Madrid. Las comunidades tienen que dar una alternativa habitacional a las personas vulnerables, porque a muchos de nosotros esta situación nos está llevando a la ruina".

"Además, hay mafias que se están dedicando a la ocupación. Llevamos así cuatro años, mucha gente está tratando de aguantar el tirón, pero no puede recuperar su vivienda, aunque sea la única que tiene. Somos víctimas, no somos un bulo, sino gente de carne y hueso que está viendo cómo se le está imponiendo que asuma esa carga".