La situación de muchos inmuebles del casco antiguo deja mucho que desear, en muchos casos por la dejación de funciones de la propiedad -sobre todo si residen en estos edificios inquilinos de renta antigua- y también por la falta de acción, en muchos casos, de la Concejalía de Urbanismo.

Eso es lo que denuncian los seis inquilinos de Cielo 79, una finca que lleva años en un deplorable estado de conservación sin que nadie haga nada por evitarlo.

La fachada lleva ya mucho tiempo con una malla que impide hasta la entrada de la luz.

La finca perteneció hasta el año 2012 a la empresa Nuevo Gadir, que en esa fecha entró en concurso de acreedores. Ya en 2012 un accidente en el que se vio involucrado un camión provocó el derribo de uno de los balcones de la fachada. A raíz de ese episodio y ante el evidente deterioro de la finca, donde incluso se cayó el forjado de una de las viviendas, el Ayuntamiento puso en marcha la maquinaria prevista e impuso hasta un total de diez multas coercitivas a la propiedad, aunque la empresa -que había adquirido la finca en 2007- no pagó ninguna.

Tras el proceso del concurso de acreedores, Nueva Gadir pierde la finca, que se adjudica en 2019 a otra empresa, Vela Reoco SLU. La primera medida de esta nueva empresa no es otra que cerrar la cuenta en la que los inquilinos pagaban sus rentas, y eso a pesar de que en el Juzgado consta su legítimo derecho a residir allí y teniendo los propios Juzgados depositados los contratos de cada inquilino.

Ante este atropello, los vecinos recurrieron al abogado Jesús Sendra y han mantenido una reunión con la propiedad, que los considera “ocupas” y no reconoce su derecho sobre las viviendas.

La finca se encuentra apuntalada desde hace más de un año.

A todo esto, las multas pendientes de la anterior propiedad siguen en el limbo y aunque hay un nuevo decreto municipal para la reparación de la finca, lo único que se ha hecho es la instalación de puntales y la colocación de una malla protectora en la fachada, pero no la necesaria obra de consolidación. La finca tampoco ha pasado la preceptiva ITE (Inspección Técnica de Edificios) a la que deben someterse todas las fincas con más de medio siglo.

La nueva propiedad ha recurrido los decretos de Urbanismo, así como la multa que se le ha impuesto -que asciende a 16.340 euros- pero los inquilinos denuncian que el contador “se ha puesto a cero”, sin que se estén teniendo en cuenta las anteriores multas que acumula la finca ni el proceso que arrastra en su conjunto, que hubiera permitido, incluso, la expropiación del inmueble con las herramientas que el Ayuntamiento tiene en su mano.

Para los inquilinos, la actuación de la nueva propiedad es un claro ejemplo de “asustaviejas” y piden que el Ayuntamiento actúe con más dureza y vehemencia para exigir el arreglo de la finca. Los vecinos se han reunido con varios de los concejales de Urbanismo de los últimos años para pedir que se actúe con más severidad, pero sin éxito hasta la fecha.