La Fiscalía ha apreciado indicios de irregularidades en la gestión de la empresa municipal Aguas de El Puerto (Apemsa) y ha emitido un amplio informe en el que demanda medidas judiciales contundentes tanto contra el actual alcalde de El Puerto, Alfonso Candón, como contra su predecesor en el cargo, Enrique Moresco, ambos del PP.

La plataforma ciudadana contra la venta de Apemsa, constituida hace meses en El Puerto para luchar contra la venta de acciones de la empresa de aguas a un socio tecnológico, se reunió en la tarde de ayer para estudiar el informe que han recibido de la Fiscalía tras la denuncia que presentaron el pasado marzo ante lo que consideraban una serie de irregularidades cometidas en la gestión de dicha empresa municipal.

Aunque la plataforma no hará público el contenido de este informe hasta el próximo lunes, este periódico ha podido saber que el documento propone una serie de medidas contundentes que irían dirigidas, entre otros, hacia Alfonso Candón y Enrique Moresco.

El pasado mes de marzo la plataforma denunciaba públicamente graves irregularidades en la gestión de la depuradora de Las Galeras y pedía al alcalde portuense la paralización de todo el proceso de venta del 49% de las acciones de la empresa municipal de aguas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Aqualia y Tratamiento Industrial del Agua, ambas filiales del grupo FCC (una venta que se materializaría en el mes de abril).

Los hechos denunciados por la plataforma abarcan desde infracciones por vertidos de aguas residuales superando ampliamente los límites de contaminación establecidos, hasta la facturación de un 20% de más en relación con el agua realmente tratada en la planta, lo que habría supuesto un sobrecoste en el servicio de unos 500.000 euros anuales.

La plataforma había adjuntado en su denuncia las analíticas de las aguas vertidas a la Bahía realizadas por un auditor externo contratado por la propia Apemsa, de las que se deducía que la depuradora superaba sistemáticamente todos los parámetros legales de referencia. Por el contrario, en los análisis realizados por el laboratorio de la propia planta aparecían dichos parámetros dentro de los límites legales, por lo que según exponían los denunciantes no puede más que deducirse que "Aqualia viene falsificando los resultados de las analíticas".

La plataforma pidió al alcalde, tras la presentación de esta denuncia, la paralización de forma inmediata de los trámites para la venta de acciones de Apemsa , ya que, como señalaban, los datos ofrecidos en la fase de exposición pública del concurso convocado no se correspondían con la realidad y los reales eran conocidos sólo por la empresa Aqualia, que fue la única ofertante".

Tras haber instado a Candón a poner de inmediato los hechos en manos de los tribunales, la única reacción municipal fue la interposición de una querella contra los miembros de la plataforma que firmaron el escrito de denuncia (Juan Clavero, Luis Hiniesta, Carmen Calzado, María Ángeles Fernández y Rosa Ventura). Los responsables de Apemsa señalaron entonces que en la mencionada denuncia las cinco personas firmantes vertían "una cantidad tal de falsas denuncias de irregularidades que no se debe pasar por alto ni tolerar dichas afirmaciones, por lo que se ha decidido interponer la querella ante el Juzgado".

Tras la reacción de Apemsa y el Ayuntamiento, desde la plataforma ciudadana pusieron los hechos en manos de la Fiscalía, a través de una denuncia. De hecho, ya hace algunos meses el fiscal llamó a consultas a algunos de los miembros de la plataforma, que se ratificaron en las supuestas irregularidades denunciadas. La plataforma, además de esta denuncia formalizada ante la Fiscalía sobre la cual ya se ha emitido un informe, también tiene presentado un recurso contra la venta del 49% de acciones de la empresa de aguas.

En el escrito de denuncia presentado a la Fiscalía la plataforma hablaba de "connivencia de los máximos responsables de Apemsa con los incumplimientos de Aqualia-FCC con el contrato de concesión para la gestión de la EDAR Las Galeras", poniendo el acento también en la facturación irregular por parte de la misma empresa en el volumen de aguas residuales tratadas en la planta. Los concejales de los grupos de la oposición (Izquierda Unida, PSOE y Ciudadanos Portuenses) se sumaron también hace unos meses al contenido del escrito remitido en marzo por la plataforma al alcalde, que finalmente ha terminado en manos de la Fiscalía.