El Consejo de Administración de la empresa municipal El Puerto Global, reunido esta mañana de manera extraordinaria y urgente, ha abordado la situación creada tras la celebración de la Junta General del pasado 2 de septiembre sobre la contratación del gerente de la empresa.

El punto quinto del orden del día se centraba en el análisis de la situación creada, y una vez iniciado el debate el consejero Antonio Fernández solicitó que quedara sobre la mesa, no aprobándose dicha petición. Posteriormente, en el transcurso del debate, los consejeros Antonio Fernández, Javier Buendía y María Eugenia Lara abandonaron la sesión.

En dicho punto los presentes aprobaron, según una nota de prensa emitida hoy mismo por la empresa,  "la realización de una consulta y la emisión de un informe sobre las actuaciones que debe de llevar a cabo el Consejo de Administración en cumplimiento de sus competencias y obligaciones, teniendo en cuenta los antecedentes y procedimientos judiciales existentes, el acuerdo de la Junta General y el requerimiento y comunicación recibido por del director gerente antes referidos, a emitir por un experto jurista con acreditada formación, capacidad y experiencia en materia societaria".

En los siguientes puntos se aprobó también por unanimidad de los consejeros presentes el encargo de sendos dictámenes: uno de legalidad y otro de impacto económico, así como la procedencia u obligatoriedad de ejecutar los acuerdos aprobados por la Junta General y la valoración de sus consecuencias.

El gerente también informó y dió cuenta de las operaciones inferiores a 100.000 euros, incluidas sus posibles prórrogas que no excedan de cuatro años y de los pagos y abonos de los contratos de obras, servicios y suministros, así como de la situación general de la empresa.

Rafael Serrano también informó al Consejo de su decisión de interponer una demanda de juicio declarativo ordinario por la impugnación de los acuerdos sociales adoptados en Junta General frente a la sociedad "y cuantas otras acciones procedan, dado que dichos acuerdos no se ajustan a derecho y pudieran resultar contrarios a los intereses de la sociedad, a juicio del órgano de administración", explicaba ayer la empresa en un comunicado. También advirtió a los consejeros de que se abstuvieran de ejecutar los acuerdos adoptados en tanto no se resuelva la demanda de impugnación, para obrar así con seguridad jurídica..