Tras la puesta en libertad con cargos bajo fianza de 30.000 euros cada uno del ex-concejal de Urbanismo de El Puerto, Juan Carlos Rodríguez, y los funcionarios del área municipal de Urbanismo Fernando Jiménez Fornell y Milagros Trigo Pacheco, el Ayuntamiento de El Puerto tendrá que decidir ahora si prorroga la suspensión de empleo y sueldo de los dos trabajadores municipales o por el contrario los mantiene en su puesto de trabajo. El pasado viernes la concejala de Personal, Leocadia Benavente, firmaba el decreto de suspensión de empleo y sueldo de los dos funcionarios, aunque esta medida tenía validez exclusivamente durante el tiempo que pasaron detenidos. Ahora, al estar en libertad aunque con cargos, una vez que abonen la fianza mañana lunes el equipo de gobierno del Partido Popular tendrá que decidir si sigue adelante con la medida. Según explicaron ayer fuentes municipales, no fue hasta el pasado viernes a las dos y media de la tarde cuando el Juzgado comunicó al Ayuntamiento las causas que se están siguiendo contra los dos funcionarios. Fue entonces cuando los técnicos municipales (asesores jurídicos, secretario general y técnicos del área de Personal) iniciaron el expediente mediante el que se decidirá la situación laboral de Trigo y Fornell, algo que se espera que culmine mañana lunes o a lo sumo en los días posteriores, aunque en ese caso la medida tendría carácter retroactivo. Las tres posibilidades que se barajan son mantener la suspensión de empleo y sueldo, volver a la situación de normalidad anterior a las detenciones o mantenerlos en activo en la plantilla municipal aunque con otras funciones distintas a las que venían realizando (en el caso de Jiménez Fornell, es el jefe del servicio municipal de Licencias).

En cuanto a los cargos que se les imputan a Rodríguez, Fornell y Trigo, el juez ya ha levantado el secreto del sumario, una medida que adoptó a última hora de la noche del viernes, de tal manera que ni siquiera los abogados de las tres personas antes citadas tienen aún copias de la documentación, algo que recibirán mañana lunes. De lo que ha trascendido hasta ahora, se sabe que el juez les imputa varios delitos como prevaricación, asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, negociación prohibida a funcionario público y omisión del deber de perseguir delitos, entre otros. En los últimos días se ha estado investigando también el patrimonio personal de las personas detenidas y tampoco se descarta que puedan realizarse más imputaciones.

Por otro lado, el parlamentario andaluz de Izquierda Unida Ignacio García se ha referido a este asunto deseando, en primer lugar, que la Justicia "actúe con rigor y de manera ejemplarizante". García dijo tener "sensaciones agridulces", ya que lamentó que El Puerto sea noticia por estas cosas, y también las implicaciones y el sufrimiento de las personas relacionadas con los detenidos, aunque dentro de esa "sensación agridulce" destacó su "profunda satisfacción por la actuación policial y judicial desarrollada, siempre desde la prudencia y confiando en que la instrucción y el proceso lleguen a buen término", dijo. El parlamentario andaluz lamentó la lentitud de la justicia y achacó esta situación a su falta de modernización. Por su parte, la candidata de Izquierda Unida en El Puerto, Pepa Conde, exigió "responsabilidades políticas" y pidió al PSOE "un ejercicio de autocrítica por su alianza con IP, porque seguro que tenían más indicios que nosotros de lo que estaba ocurriendo en su gobierno con los independientes". También al alcalde actual, Enrique Moresco, le solicita que dé explicaciones sobre "sus silencios", puesto que hasta su dimisión en abril de 2006, era el portavoz del equipo de gobierno con Independientes Portuenses.