Balance de una década

A punto de dejar de ser región asistida tras 25 años en la UE

  • Desde la entrada de España en la UE en 1986, Andalucía ha recibido 69.000 millones de euros en subvenciones

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El Tratado de la Unión Europea no articula una política de desarrollo regional y eso es un error. El capítulo dedicado a la cohesión económica, social y territorial habla de reducir la diferencia de renta entre las regiones. Una lucha contra las desigualdades, que puede llamarse solidaridad o compensación a los menos desarrollados por un mercado único sin aranceles que beneficia a los países más industrializados. Ha sido, esencialmente, una política de rentas o de transferencias de capital. En el caso andaluz, de carácter sideral: en la década que va desde el 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2009 llegaron a Andalucía por todos los conceptos unos 40.000 millones de euros de fondos europeos. Y si contamos 2010, entonces las remesas superan los 43.000 millones.

No es extraño, por tanto, que aquí se haya identificado Europa desde el principio con ayudas, subvenciones, dinero. El principio fue la entrada de España en la Comunidad Europea en enero de 1986. Desde entonces han transcurrido exactamente 25 años. O, medido en dinero, 69.000 millones de euros [11,5 billones de pesetas], que han sido siempre paquetes de ayuda con un destino preciso, pero que no se han utilizado de manera coordinada para una política de desarrollo regional. Este no es un problema andaluz, sino una carencia en origen de estos programas europeos, desentendidos unos de otros por completo. La política agraria por un lado, el fondo social, por otro, las inversiones en infraestructuras por su cuenta y la estrategia de innovación por la suya. Falta una política de desarrollo regional.  

Y aunque sea un problema general, ese discurso, aplicado específicamente a Andalucía, ya lo oyó Magdalena Álvarez, cuatro meses después de llegar al cargo de consejera de Economía de la Junta, cuando visitó el 5 de diciembre de 1994 en su despacho al director general de Política Regional de la Comisión Europea, Eneko Landaburu. El marco comunitario de apoyo para Andalucía del llamado Paquete Delors II, el plan plurianual de 1993 a 1999, estaba atascado por los servicios de la Comisión y la consejera acudió a Bruselas a exigir al director general que se desbloqueara. Landaburu le explicó primero a la airada consejera en persona y después por teléfono al presidente Chaves que aquello no era un plan de desarrollo regional, "sino una colección de caprichos de alcaldes", léase piscinas y polideportivos. Se tardó casi un año todavía en estructurar una propuesta que pasara el filtro de la Comisión.

La carrera de la década de los 2000 en fondos europeos empezó para Andalucía en distintos orígenes. Uno de ellos fue el acuerdo para un nuevo sistema de ayudas al aceite de oliva en la madrugada del 26 de junio de 1998 en Luxemburgo. La cantidad nacional garantizada para España lograda por la ministra española Loyola de Palacio, de 760.026 toneladas, le pareció poco a algunos. Gaspar Zarrías, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía en aquel entonces, vaticinó que iba a ser "la ruina para el campo andaluz". Se equivocó. El aceite de oliva se convirtió a partir de entonces en la cuarta parte del cheque europeo que llegaba todos los años. En ocasiones, como en 2002, la cantidad anual ha rozado los 1.000 millones de euros. El porcentaje de Mercedes y BMW que se puede contabilizar en Úbeda o Baeza es un baremo para medir la potencia del cheque olivarero.

El aceite de oliva es un paradigma de la diferencia entre una política de cohesión y una política de desarrollo regional. Los pagos por kilo a los olivareros llegaron a ser tan rentables que la mayor parte se ha refugiado en el minifundismo cooperativo. Pequeñas cooperativas que en número de unas 600 son rentables sin más aspiración en muchos casos que producir un buen aceite que vender a granel a un industrial. Sólo hay unas siete cooperativas de segundo grado que han enfrentado el desafío de embotellar, hacer marcas, comercializar, exportar. Si en vez de un tanto al kilo a estos productores, se les hubiese pagado esa misma cantidad por crear valor añadido a partir de su producto, Andalucía no sería hoy solamente el primer productor mundial de aceite de oliva: habría dejado de vender el 80% de su producción a granel.

Una cosa que sí se mejoró con creces en esta década es la calidad del aceite de oliva. Las subvenciones del Feoga Orientación hasta 2006 y después del Feaga para la modernización de las viejas almazaras ha dado un excelente fruto. Aunque los fondos estructurales sufrieron una importante merma en el inicio de la década. Recién terminada la cumbre de Berlín de 1999 en la que se hizo el reparto de los fondos para la Agenda 2000 [2000-2006], en julio el mismo Eneko Landaburu que le sacó los colores a la consejera Álvarez, le envió una carta al Gobierno español. En ella explicaba que si utilizaba el mismo criterio de reparto dentro de España que el que se había empleado para la distribución de fondos en Europa, a Andalucía le corresponderían para esos siete años un montante total de 15.324 millones de euros de fondos estructurales. Pero el Gobierno del PP dejó la cifra en 11.406 millones.

Estos cuatro mil millones menos se los reprocha de vez en cuando el presidente Griñán a Javier Arenas. Pero se queda corto. Andalucía que es aproximadamente el 18% de la población y el territorio nacional, sólo recibió en los tres primeros años de la década el 8% del Fondo de Cohesión que se repartía en España, mientras que Cataluña se llevó el 48,32% el año 2001 y Madrid el 45,24% en 2002. Estos datos se supieron por una respuesta parlamentaria a una pregunta del diputado socialista malagueño Miguel Ángel Heredia, en marzo de 2003. Hasta entonces el Gobierno Aznar se había negado a dar cifras sobre el destino del Fondo de Cohesión.

En fondos estructurales, como puede verse en el gráfico adjunto, hay dos administraciones que invierten, lo que tampoco contribuye a articular planes integrados de desarrollo regional. Por ejemplo en el fondo social, del que han venido a Andalucía en esta década una ingente cantidad de dinero: 3.150 millones de euros de 2000 a 2010, lo que equivale a más de medio billón de pesetas. Este esfuerzo viene dictado por uno de los Objetivos de Lisboa, una especie de carta a los Reyes Magos que echaron los jefes de Estado de Gobierno el año 2000 en una cumbre en la capital portuguesa. Se pretendía multiplicar la formación continua y aumentar la tasa de actividad, mucho más baja en Europa que en Japón o Estados Unidos. Nada de esto se ha cumplido, ni aquí ni en ningún otro socio europeo. Los cálculos, como se sabe, no fueron los correctos. Pero la proliferación de intermediarios no ha sido la mejor receta para estas grandes inversiones.

Un amigo irlandés, profesor de Política Regional Europea en la Universidad de Galway, sostiene que la UE debería de pagar con un cheque personal la enseñanza de todos los jóvenes europeos, que así visualizarían el origen del dinero y se perdería menos por el camino. Es una idea. Y en este capítulo nadie es infalible: algunos pensábamos equivocadamente que era más fiable el modelo de desarrollo irlandés, basado en investigación y formación, en vez de en infraestructuras, como en Andalucía. Y ya han visto el destino de Irlanda.

En todo caso, al inicio de la década nadie pensaba en que al cabo de pocos años habría un crack económico mundial. El presidente de la Comisión Europea Romano Prodi, encargó en 2002 a un comité de sabios encabezado por el profesor de la Universidad Libre de Bruselas André Sapir, que propusiera una serie de medidas para mejorar el crecimiento, la estabilidad y la cohesión de Europa. Los sabios estuvieron a la altura de lo que se esperaba: reclamaron a los Estados una mayor disciplina fiscal, con el fin de desarrollar un comportamiento simétrico durante el ciclo económico y un refuerzo de la vigilancia presupuestaria. Pero su dictamen no gustó porque proponía cambiar los dos grandes pilares presupuestarios comunitarios: la PAC y la cohesión.

Un buen punto de partida, en todo caso, para plantear una cesta de fondos con la que articular una política de desarrollo regional. Andalucía lo pudo hacer con los 40.000 millones de euros de esta década, casi la mitad del PIB regional, que sólo superó los 100.000 millones en 2003. Había masa crítica: el montante medio anual de casi 4.000 millones es casi el 3% del PIB de 2009 y más del 10% del presupuesto actual de la Junta. 

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