Las telecos destinan ni más ni menos que la mitad de sus beneficios a pagar impuestos. Así lo denunciaron ayer en Madrid los cuatro pesos pesados de las telecomunicaciones en España, Telefónica, Vodafone, Orange y ONO, en el marco del quinto aniversario de la patronal Redtel, que integra a los operadores con red propia. Todos ellos subrayaron las dificultades que encuentran a la hora de financiar las grandes inversiones que requieren sus despliegues de redes por culpa de una "desmesurada presión fiscal" y de "múltiples barreras administrativas". Y todo en un contexto en el que se está produciendo una ralentización de la demanda, una bajada de precios y, por tanto, una senda descendente de sus ingresos.

Los primeros espadas de las cuatro compañías pusieron en valor los fuertes desembolsos realizados en infraestructuras -20.000 millones en los últimos cinco años, y 23.000 millones previstos para alcanzar los objetivos de la Agenda Digital española hasta 2020- para demandar al Gobierno menos burocracia y menores tasas a su actividad. "Esperemos que el Ejecutivo no ceda a la tentación de gravar aún más al sector como forma de generar riqueza en medio de la crisis", indicó Francisco Román, presidente de Vodafone España. Una idea que secundó Rosalía Portela, consejera delegada de ONO, que advirtió del "peligro" que conllevaría seguir con esta "elevada e imprevisible" fiscalidad, que "supera con creces a la de los países del entorno".

El presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez, puso el acento en la bajada de precios que están experimentando las telecos. "Estamos ante un sector dinámico que evoluciona a una velocidad de vértigo y que precisa de cada vez más inversiones, pero que se enfrenta a una situación difícilmente sostenible por la continua degradación de los ingresos", señaló. Y es que, dijo, mientras el IPC subió un 23% entre 2002 y 2010, los precios de las telecomunicaciones bajaron un 8%. Un descenso provocado sobre todo en la parte más tradicional del negocio, es decir, en la voz, algo que las compañías intentan compensar con los datos. "Ahí está la gran oportunidad del sector de cara al futuro", añadió Román.

Por todas estas presiones, los directivos de Telefónica, Vodafone, ONO y Orange instaron al Gobierno a echar un cable a un sector que, por cada millón de euros que invierte en banda ancha, genera 18 empleos y 2,9 millones en el PIB. Concretamente, lo que demandaron fue una regulación que incentive las inversiones y que dé garantías de retorno. El consejero delegado de Orange España, Jean Marc Vignolles, pidió "un mejor marco regulatorio y unas administraciones públicas dispuestas a ayudar", así como caminar en la senda de la compartición de redes, una vía que ya han explorado algunas compañías en otros países, y que en España podría dar resultados "muy pronto en el ámbito de las redes de nueva generación".

El presidente de Vodafone España incidió en la necesidad de contar con menos cargas burocráticas. "Existe una brutal fragmentación administrativa, con más de 700 ordenanzas en todo el territorio", sentenció, lo que hace que el despliegue de infraestructuras sea lento y malo. "Hay que unificar todo eso", dijo. La consejera delegada de ONO, por su parte, aclaró que no piden subvenciones, "simplemente colaboración", que no les pongan palos en las ruedas. "Me pregunto cuántos AVE habría en España si no se hubiese contado con el respaldo público; sin embargo, la red de infraestructuras de telecomunicaciones las hemos desplegado sólo las empresas privadas", enfatizó.

A la celebración del quinto aniversario de Redtel también asistió el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, que hizo acopio de las reivindicaciones y anunció que el Gobierno simplificará los trámites administrativos y reducirá los costes de despliegue de redes en la próxima Ley de Telecomunicaciones, que se presentará "en breve".