La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha admitido a trámite la querella contra los ex directivos de Abengoa Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega, a quienes ha impuesto una fianza civil de 11,5 y 4,5 millones de euros, las mismas cantidades que cobraron como indemnizaciones tras dejar la empresa. En un auto, la juez cree que pudieron incurrir en un delito de administración desleal y, en el caso de Sánchez Ortega, otro de información privilegiada tras su fichaje por el fondo Blackrock. La magistrada acuerda además pedir a Abengoa la información que tenga de pagos hechos en 2015 a Benjumea (ex presidente) y a Sánchez Ortega (ex consejero delegado) por abandonar la empresa, cantidades que se corresponden con esas fianzas civiles que deberán abonar en 24 horas. Si no lo hacen, añade el auto, se procederá a la adopción de medidas cautelares sobre sus bienes.

La juez pide además a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que le entregue la información sobre esos pagos, así como de las operaciones de compraventa de acciones de Abengoa desde el 1 de agosto, realizadas por el fondo Blackrock. En el auto, la magistrada recoge las acusaciones de los dos bonistas que han presentado la querella, a través del despacho Ius+Aequitas, y que califican de "horrible" la gestión de la empresa. Los bonistas acusan a los ex directivos de haber abandonado Abengoa poco antes de que se presentara el preconcurso con unas indemnizaciones o contraprestaciones contractuales millonarias cuando conocían la auténtica realidad económico financiera de la empresa. Asimismo denuncian que, tras abandonar la empresa, el ex consejero delegado fue contratado por la empresa Blackrock, en la que "se habría beneficiado de su conocimiento de la situación real de Abengoa mediante la adquisición a la baja de acciones de la misma".

También en el plano judicial, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) ha presentado la primera demanda de responsabilidad civil contra la compañía y su consejo de administración en nombre de un grupo de 250 accionistas minoritarios por daños y perjuicios. Según ha informado el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo -responsable de la defensa de estos accionistas-, la demanda se ha presentado en el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla, que deberá decidir sobre su admisión a trámite. La demanda se interpone con base en la Directiva comunitaria de obligaciones de información y transparencia al mercado de las sociedades cotizadas, transpuesta a nuestro ordenamiento por la vigente Ley de Mercado de Valores.

Mientras, la empresa sigue esperando una inyección de liquidez en el entorno de los 100 millones de euros, de la que depende para poder afrontar el pago de las nóminas y los proveedores este mes y que, tras semanas de reuniones, podría tener la próxima semana. Según fuentes financieras, la banca acreedora, organizada en el denominado G7 (Santander, Bankia, Popular, CaixaBank y Sabadell, junto a HSBC y Société Générale), ha firmado ya un acuerdo de intenciones para dar un crédito de 113 millones de euros, en una operación en la que también participaría el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con unos 20 millones de euros. Tras este primer paso la operación debe llevarse al comité de riesgo de cada entidad, con lo que esta inyección de liquidez podría estar ya aprobada de forma definitiva a mediados de la semana que viene.

El desbloqueo de la liquidez era el primer escollo del proceso de reestructuración de la empresa de ingeniería andaluza. Tras esto se abre una segunda fase de las negociaciones en aras de diseñar un plan de salvamento, con desinversiones y fuertes ajustes de costes, que evite la que sería la mayor insolvencia de la historia en España. Abengoa presentó el pasado 25 de noviembre el preconcurso de acreedores, afectada por su alto endeudamiento, más de 9.000 millones de deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores.