RECIENTEMENTE se ha conocido la sanción que la Comisión Nacional de la Competencia ha impuesto a la Organización Interprofesional Inprovo, por alentar, en el verano de 2007, un incremento de los precios en origen, al manifestar públicamente que el precio de los huevos se elevaría ante la subida de los costes de producción que los ganaderos estaban soportando. Aquel verano, el precio de los cereales subió más de un 150% respecto a su media histórica. El motivo no fue un acuerdo ilícito entre los miles de productores del planeta, sino las maniobras especulativas de un capital que igual invierte en ladrillo que en la bolsa de Chicago donde, bajo el concepto de commodities, cotiza la base de la alimentación humana.

En este contexto, muchas voces manifestaron algo tan obvio como que si el alimento de las gallinas se había incrementado era preciso subir el precio de los huevos, so pena de condenar a la ruina a los productores, al obligarlos a vender por debajo de los costes. Parece ser que divulgar esta obviedad provoca una grave distorsión en el mercado, al inducir la elevación de los precios, falseando la competencia que debe regir las relaciones comerciales. Sin embargo, más eficaz para la estabilidad de esos precios hubiera sido sancionar a quienes propiciaron el incremento artificial del precio de los cereales, arrastrando el de los productos de primera necesidad.

El derecho de la competencia se concibe para salvaguardar un mercado en el que el precio de bienes y servicios surja espontáneamente por la concurrencia entre los demandantes y una pluralidad limitada de ofertantes. Se protege así a los consumidores, colectivo disperso y numeroso, de la supremacía que pueden ejercer quienes les proveen de bienes y servicios, los cuales, por su reducido número, pueden actuar de forma concertada, estableciendo precios o fijando condiciones al margen del normal funcionamiento del mercado.

Es evidente que estas características no se dan en el mercado de origen de los productos agrarios, en el que es la oferta la que se realiza por un elevado número de agentes, agricultores y ganaderos, dispersos por el territorio, mientras las compras se concentran en pocas manos, las de las grandes cadenas de distribución (en España, hay cuatro que controlan el 70% de la alimentación), que fijan unilateralmente los precios y ejercen su posición de dominio. De este modo, el concepto de libre competencia como garantía ha derivado en un instrumento al servicio de estas grandes cadenas, mientras a los agricultores y ganaderos se nos prohíbe no sólo poner precio a nuestros productos sino incluso decir cuánto nos cuesta producirlos. Esto está conculcando el derecho fundamental a la defensa colectiva de los intereses económicos y pisoteando la dignidad de los profesionales agrarios, al convertirnos en mano de obra barata. Por ello, es necesario cambiar la concepción fundamentalista del mercado por un escenario que garantice unas relaciones comerciales equilibradas y una formación de precios realmente libre y justa. Para conseguirlo, es importante que se configure un nuevo modelo de interprofesional que incorpore a las cadenas de distribución y a los consumidores, y que disponga de facultades para la negociación colectiva. Los intentos realizados hasta la fecha no han funcionado, porque se sigue considerando tabú hablar de precios y eso condena al fracaso los posibles acuerdos, como ha ocurrido en el sector lácteo. La solución pasa por la puesta en marcha de contratos tipo homologados en los que se establezcan índices relativos a los costes de producción que sirvan de umbral para la fijación de los precios. Mientras tanto, el campo sigue en situación límite. Esperando.