El abogado del despacho de DLA Piper declaró ayer en calidad de testigo en la vista oral contra la ex cúpula de Abengoa que cuando tuvo conocimiento de que el entonces presidente Felipe Benjumea iba a ser destituido por el consejo advirtió de que el directivo tendría derecho a cobrar una indemnización de siete millones de euros en calidad de bonificación por permanencia dado que no fue renuncia voluntaria y por tanto cumplía los requisitos estipulados en la cláusula.

Así lo expresó durante la séptima sesión de juicio por las indemnizaciones millonarias que tanto Benjumea como el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega percibieron a su salida de la compañía andaluza que se produjo como condición impuesta por las entidades bancarias que iban a participar en la firma de ampliación de capital de 650 millones de para la compañía.

La Sala suspende la vista hasta el lunes, cuando se expondrán las conclusiones

Este abogado, que informó favorablemente a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el cese del contrato de Benjumea, explicó a preguntas de las partes que el consejo de administración le pidió que "cuanto antes" informara de las "consecuencias económicas" que tendría para Abengoa el cese del que era su presidente desde 1991. "Les dije que tenía que estudiar el contrato y que tenía derecho a la bonificación por permanencia en caso de que fuera cesado", explicado el testigo.

Esa cuantía, según lo estipulado en los nuevos contratos para la alta dirección de 23 de febrero de 2015, quedaba fijada en siete millones de euros para Benjumea "como reconocimiento por su permanencia en la sociedad y agradecimiento a su participación en la gestión". La cláusula 8.5 de estos nuevos contratos sujetaba el cobro a su permanencia en la compañía hasta los 65 años o al cese del mismo.

El Ministerio Público pide cinco años de prisión para el ex directivo y cuatro años y tres meses para su número dos en aquel momento por el devengo de 11,5 millones de euros en el caso de Benjumea y de 4,5 en el de Sánchez Ortega en 2015.

Dice que "no tenían derecho" a estas cantidades y que "no se correspondían con la realidad de los acontecimientos", en referencia a la mala situación económica de Abengoa en esas fechas ya que en noviembre de ese año se acogió al preconcurso de acreedores ante la fallida operación de ampliación de capital.

El testigo relató cómo en la sesión del consejo del 23 de septiembre en la cual cesó Benjumea, él permaneció reunido con los representantes de los bancos que iban a participar en un primer momento en la firma (HSBC, Crédit Agricole y el Banco Santander). Ellos le dijeron que tenían que comprobar que efectivamente se habían cumplido sus exigencias y que hasta que no se lo notificaran por escrito no sacarían adelante la operación que finalmente se abortó ante las continuas dudas de su solvencia.

El fiscal el caso, José Perals, explicó al término de la sesión de este martes que su petición de cárcel por delito de administración desleal para tres de los acusados (Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornieles) no es de tres años y medio de prisión sino de cuatro años y lo ha achacado un "error material" en la calificación de la pena.

Además de Gómez Sancha, también prestaron declaración en calidad de testigo los ex miembros del consejo Ignacio Solís Guardiola y Fernando Solís y Enrique Borrajo, este último ex director de consolidación.

Ignacio Solís sostuvo que la decisión de última hora del Santander sobre la no continuidad de Benjumea hizo que los bancos no firmaran los acuerdos de la ampliación de capital el 14 de septiembre a pesar de haber llegado a un acuerdo la noche anterior.

La presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo, ha suspendido la sesión que se retomará el próximo lunes 30 con los informes de las partes.