El Gobierno se mostró ayer abierto a cambiar la reforma de la negociación colectiva mediante la introducción de enmiendas de los partidos políticos durante su tramitación en el Congreso de los Diputados. De hecho, el Ejecutivo ya ha empezado a cambiarla tras incluir en el texto una rebaja de los 20 meses previstos en el borrador a un periodo de entre 12 y 18 meses del plazo que tienen patronal y sindicatos para negociar un nuevo convenio. Pasado ese periodo, las partes tendrían que someterse a un arbitraje, que sería vinculante, para evitar que los juzgados de lo social deban resolver tantos conflictos.

Este cambio está más próximo al planteamiento de la patronal, según explicó el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, tras la reunión que mantuvo con los secretarios de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, y de UGT, Toni Ferrer.

Después del encuentro, ambos representantes sindicales advirtieron que no se sienten vinculados ni comprometidos con la reforma que plantea el Gobierno pese a que consideran que "ha salvado algunos muebles", como señaló Ferrer, en referencia a la prórroga automática de los convenios (la ultraactividad). Tanto UGT como CCOO creen que el Gobierno se equivoca si busca "un ejercicio de equilibrio y funambulismo"y consideran que el proyecto que aprobará hoy el Consejo de Ministros no corresponde al principio de acuerdo que se alcanzó con la patronal.

Para el ministro, la principal dificultad que ha tenido el Gobierno para hacer esta reforma ha sido tener en cuenta los dos puntos de vista y buscar un equilibrio entre la ultraactividad, que defendían los sindicatos o una mayor flexibilidad interna, como reclamaba la patronal. En este sentido, Gómez subrayó que el Gobierno debe poner "orden, paz, rigor, equilibrio y, en ocasiones, justicia", e insistió en que no habrá reforma en la prórroga automática de los convenios que desproteja a los trabajadores, como piden CCOO y UGT.

Sin embargo, se mostró abierto a negociar sobre flexibilidad interna de las empresas, donde la reforma introduce elementos que, según dijo el ministro, ningún gobierno había abordado antes: el descuelgue de los pactos salariales, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y la prevalencia del convenio de empresa. Gómez instó a la CEOE, CCOO y UGT a seguir negociando y dijo que si finalmente alcanzan algún acuerdo el grupo socialista lo incorporaría con "enorme alegría" al decreto ley.