Telefónica ha firmado un acuerdo con los sindicatos para la puesta en marcha del Plan Social del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afectará a un máximo de 6.500 trabajadores, y para un nuevo convenio colectivo con vigencia entre 2011 y 2013, que afectará a la plantilla de la división fija de la compañía, compuesta por 28.000 trabajadores. El acuerdo ha sido suscrito por 10 de los 12 componentes de la mesa del convenio y por 10 de los 13 de la mesa del ERE pertenecientes a los sindicatos de CCOO, UGT y STC-UTS.

En concreto, los sindicatos han dado su visto bueno al ERE a tres años que planteó la operadora para un máximo de 6.500 trabajadores tras la mejora económica de la renta mensual realizada por la compañía del 68%, algo por debajo del 70% de anteriores ERE, y el compromiso de creación de empleo del 7% de las bajas que se produzcan, hasta 455 empleados.

El ERE contempla un programa individual de bajas con una indemnización de 45 días de salario por año de servicio, con el máximo de tres anualidades y media más una cantidad adicional en función de la antigüedad en la empresa, un programa de desvinculación incentivada para empleados en activo con antigüedad mínima de 15 años y con edad entre 53 y 60 años en el momento de la baja con unas rentas mensuales equivalentes al 68% del salario hasta los 61 años y del 34% hasta los 65, y un programa para los mayores de 61 años.

El coste total del ERE para Telefónica podría oscilar entre los 2.500 y los 2.800 millones de euros, incluyendo los 300 millones del gasto por desempleo. No obstante, esta cifra podría variar según el número de trabajadores que finalmente se adhieran al proceso así como las condiciones del programa que les corresponda.

"Se trata de un mismo acuerdo con dos rúbricas diferentes", indicaron fuentes de UGT, que se mostraron "satisfechas" con ambos pactos debido a que son "mejores" que los anteriores. Las fuentes reconocieron además que el nuevo ERE supondrá un "mayor esfuerzo" para la compañía, que correrá con los costes de desempleo, tal como se comprometió con el Gobierno.

Las fuentes indicaron que el convenio colectivo tiene vigencia de tres años pero con posibilidad de prorrogarlo dos más. "Es tiempo suficiente para garantizar las salvaguardas de los trabajadores en tiempos de crisis", destacó UGT. Por otra parte, si bien en el nuevo convenio se ligan salarios a la productividad, existen garantías para el mantenimiento del poder adquisitivo, incluyendo una revisión salarial determinada por el IPC.