Hace un año ya que el G-20 se propuso una cruzada -poco enérgica- contra la banca privada de algunos países famosos por ingresar cantidades ingentes sin preguntar ni responder de dónde proceden los fondos, dando cabida a fortunas de dictadores, narcos o traficantes de armas. Según datos del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (ORSC), los paraísos fiscales ingresan al año unos 183.000 millones. Los países pobres son los más afectados, ya que dejan de percibir 130.000 millones de euros porque el comercio de sus bienes se realiza a través de cuentas offshore (protegidas con el secreto bancario).

Un año después de este propósito purificador, apenas se registran cambios palpables. Con una excepción: la remodelación de la lista de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), de la que han salido aquellos Estados bienintencionados que han aceptado facilitar información (en mayor o menor medida) a la comunidad internacional.

Pero en la práctica todo sigue igual. "El sistema de Justicia no funciona bien cuando se trata de abordar delitos financieros y los complicados entramados que esconden los paraísos", afirma David Martínez, director de la Oficina Antifraude de Cataluña. Para Orencio Vázquez, coordinador del ORSC, "el problema es la existencia de una doble legislación, la variedad de clasificaciones es la causa de que muchos países no aparezcan en la lista".

Muestra de que el rasero varía a gusto del cliente es el catálogo de paraísos fiscales publicado hace unos días por Francia, donde sólo hay 18 países registrados, ninguno europeo, ya que Suiza, Andorra y Luxemburgo han salido de la lista por levantar supuestamente sus secretos bancarios ante las presiones internacionales.

La discreción de la banca suiza ha sido bandera del país desde hace tiempo, y el secreto bancario característico fue muy demandado por un elenco variado: desde los dictadores de Nigeria, Filipinas o Haití, hasta el Tercer Reich alemán. Pero de poco tiempo a esta parte, la siempre neutral Suiza ha comenzado a replantearse un sistema tan demandado como criticado. El último escándalo lo protagonizó la familia Duvalier, los dictadores de Haití, que tienen en la banca suiza unos cuatro millones de euros que ahora reclaman. La comunidad internacional se ha volcado a su manera en condonar al castigado país algunas de sus deudas, han enviado contingentes y hasta la población civil busca formas de contribuir. Sin embargo, Suiza retiene el dinero de los Duvalier en sus arcas. Es curioso que el Tribunal Federal helvético no niegue la procedencia criminal de la fortuna, pero aún no ha encontrado la forma de devolvérsela a su legítimo dueño, el pueblo haitiano, porque considera que los crímenes han prescrito.

Estos detalles son los que ensucian la estampa suiza y el país busca formas de limpiarla sin dejar de contentar a sus clientes. "Suiza tiene un problema con su imagen por su secreto bancario", concede la ministra de Exteriores helvética, la socialdemócrata Micheline Calmy-Ray, aunque con un matiz muy fino: la diferencia entre evasión y fraude fiscal. "Quien olvida declarar impuestos y los oculta debe pagar después de su descubrimiento una multa sin mayores castigos. Sin embargo, ser acusado de fraude implica la falsificación de documentos de forma consciente. En un caso probado de este tipo, las autoridades fiscales suizas sí prestarán ayuda estatal". Pero el que hace la ley, hace la trampa, y la ministra sabe que deben alinearse los astros para que se dé un supuesto así: con falsificación, consciencia demostrada y fraude probado.

Otro de los últimos escándalos referentes a la banca privada helvética está relacionado con el Gobierno alemán, que está dispuesto a comprar una lista con datos de unos 1.500 evasores fiscales germanos con cuentas en bancos suizos. La lista ha sido ofrecida por un informante anónimo que reclama 2,5 millones y la Alemania de Angela Merkel ha aceptado pagarlos.

Y no es la primera vez que el Ejecutivo germano negocia con ladrones para salvar a sus empresarios más potentes. Ya ocurrió hace dos años, cuando se autorizó a los servicios secretos la compra por 5 millones de una lista de evasores fiscales que habían desviado parte de su patrimonio a Liechtenstein.

Europa tiene algunas otras cuevas de Alí Babá. Es el caso de Andorra, que usa la técnica de derivar el dinero a otros paraísos fiscales que no sean objeto de las miradas internacionales como Panamá o Uruguay. Que se acoten los privilegios del mercado offshore no significa que tengan que desaparecer, sino reinventarse. La banca andorrana le dice a sus clientes: "Aquí ya no puedes invertir como antes, pero puedo decirte cómo hacerlo en Panamá o Las Bahamas", explica César Valcárcel, ejecutivo de BNY Mellon en Madrid.

España también pertenece a ese club de los cuarenta ladrones y juega sus cartas allí donde nadie le pregunta de dónde las ha sacado. Según Vázquez, "el 71% de las empresas que cotizan en el Íbex 35 opera en paraísos fiscales". Esta forma de evasión, añade, "no sólo se utiliza para no pagar impuestos, sino que también sirve para blanquear dinero y eludir las responsabilidades jurídicas de tipo civil, como ocurre con los barcos de mercancías peligrosas".

Con la que está cayendo en la economía internacional, resulta complicado hacer oídos sordos a los paraísos fiscales, que más bien son infiernos financieros subvencionados con la sangre y el sudor de quienes (con más o menos rigurosidad) pagan por lo que tienen.