La OCDE considera que los impuestos a la vivienda deberían revalorizarse en función del precio real del mercado. La organización considera mantenerlos desfasados es contribuye a la escalada inflacionista de las últimas décadas y dificulta la entrada en el mercado de jóvenes y de los grupos con menos recursos.

En un estudio sobre la fiscalidad inmobiliaria en sus países miembros publicado este jueves, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que cuando las bases imponibles de esos impuestos a la propiedad no están actualizados (en el caso de España estamos hablando del Impuesto de Bienes Inmuebles, el IBI) se generan distorsiones con los contribuyentes para los que sí se han reevaluado.

También hay distorsiones entre las viviendas que se han revalorizado más (las de las grandes urbes) o menos (pequeñas ciudades y zonas rurales) desde la última actualización de lo que en España sería el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

La consecuencia es un uso menos eficiente del parque de viviendas, ya que los propietarios de las que han subido mucho de precio, por ejemplo en los barrios más buscados de las grandes ciudades, tienen pocos incentivos para dejar sus casas, al no pagar los impuestos que deberían en relación con la revalorización de sus viviendas.

Favorecer la movilidad laboral y residencial

Los autores del estudio señalan, por ejemplo, que si ese incentivo fuera mayor, algunos de esos propietarios de edad avanzada se mudarían a otras viviendas más pequeñas en otras áreas y liberarían las suyas con grandes espacios a familias más jóvenes.

También hacen hincapié en que unas bases imponibles desfasadas reducen la equidad fiscal y hacen hincapié en que la digitalización está reduciendo los costes para proceder a actualizaciones periódicas.

A ese respecto, recuerdan que la forma más habitual revalorizar las bases impositivas es comparando el valor de las operaciones de venta o de alquiler, como se hizo en Dinamarca en una reforma en 2017 que acabó con la congelación de esas bases desde 2002 que había contribuido a que los precios se dispararan.

Dentro de la OCDE, hay países que las reevalúan de forma regular, como Noruega, Nueva Zelanda, Lituania o Nueva Gales del Sur en Australia. Por el contrario, otros no lo han hecho desde hace muchos años: Austria en 1973, Bélgica en 1975, Francia en 1970, Alemania en 1964 (1935 para los territorios de la antigua República Democrática Alemana), Luxemburgo en 1941 y Reino Unido en 1991.

La organización critica las tasas que se aplican en las transacciones porque, aunque pueden resultar atractivas para la Administración, pueden frenar los cambios de propiedad y por tanto perjudicar la movilidad residencial y laboral.