Suele decirse de la política que es "el arte de lo posible". Es una de esas frases tan manidas como poco ilustrativas. Lo que quiere decir, proponemos, es que la política debe ser pragmática para ser verdadera, o sea útil ante sus restricciones, y no demagógica o populachera. Que el PP en trance de depuración y purga en los juzgados es un partido que gobierna de forma pragmática nos resulta claro. Aquí reconocemos ese mérito desde que España era carne de rescate y quiebra, y el Gobierno diseñó con propósito y criterio un muro de contención exterior, liderado por De Guindos ante la que se llamó troika, y otro interior, para meter en cintura el poliedro competencial y financiero español, liderado por Montoro, que tras asustar a ayuntamientos y comunidades autónomas los ha empujado a ser viables. En cuanto a la Educación y la Sanidad, muchos llaman "socialdemocracia conservadora" a la praxis política del Gobierno vigente: más pragmático, difícil. Las crisis estimulan el sentido práctico o, alternativamente, las promesas inviables.

En más de una ocasión desde que el proceso soberanista catalán se puso en marcha y amenazó con quedarse, dificultar la salida de la Gran Recesión y enturbiar nuestras entrañas nacionales, hemos reclamado la negociación con Cataluña, mientras que lo que más que se oía alrededor era, o bien reclamar irresponsable y electoralmente que "los pueblos se autodeterminen", o bien mandar a la Legión de una manera más o menos disfrazada de argumentos constitucionales. Cuando tu socio, tu mejor futbolista o tu propia pareja te dice, ante tu espantosa sorpresa, "me quiero ir", al dolor o al pánico o a la ira debe suceder el pragmatismo. Y no queda otra alternativa sensata que negociar. Claro que hay quien también mata a su mujer en fuga. Pero eso de pragmático no tiene nada, sino de destructivo.

Negociar es reconocer los intereses de la contraparte y defender los propios. El actual Gobierno del Partido Popular -que ya nombró nada más nacer a Soraya como "embajadora" volante en Cataluña, todo un síntoma- ha dado esta semana dos muestras claras de querer negociar para parar el melón por calar de un referéndum por la independencia en Cataluña. Primero, Rajoy se plantó en Barcelona con una promesa de negociador: echar un resto inversor público allí, una reclamación básica de los catalanes, uno de los núcleos gordianos de la balanza fiscal que tanto hiere al nacionalista catalán, con parte de razón sin duda (no toda, el tema da para mucho más que unas líneas). La promesa de inversión del Gobierno en infraestructuras no presupuestadas no debe ponerse en duda. Un farol sería meter palos en candela, no es una promesa electoral. La debilidad de esta oferta es doble y va por barrios: en Cataluña se dice que es una "estafa" -literal-, un engaño, una falsa oferta que ya se hizo en tiempos de José Blanco, y nunca se cumplió; en otras regiones maltratadas por la inversión 'central' se preguntan si hace falta pedir la independencia para que te echen cuenta. Por su parte, el leñero del equipo, Cristóbal Montoro, anunciaba también esta semana que el Estado central está abierto a perdonar parte de lo que deben las comunidades al Estado por la facilidad de coger tesorería a crédito que supuso su Fondo de Liquidez Autonómica. Un dato para interpretar el gesto: Cataluña (57 mil millones, una tercera parte de todo ese crédito) es a mucha distancia de la segunda la región política más endeuda por tal recurso, destinado a tirar para adelante cubriendo gastos autonómicos (la segunda es Valencia: dos pájaros de un tiro, sin dejar de barrer para casa, barremos para el vecino). Hay partido.