Economía

El Gobierno reivindica el papel de la PAC contra el cambio climático

  • El experto del Ejecutivo Fernando Miranda defiende el pago verde porque justifica las ayudas

Juan Antonio Alcaraz, director general de Caixabank; Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura; y Rafael Herrador, director territorial de Caixabank en Andalucía Occidental. Juan Antonio Alcaraz, director general de Caixabank; Fernando Miranda,  director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura; y Rafael Herrador, director territorial de Caixabank en Andalucía Occidental.

Juan Antonio Alcaraz, director general de Caixabank; Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura; y Rafael Herrador, director territorial de Caixabank en Andalucía Occidental. / víctor rodríguez

El año que viene, casi con los rescoldos del debate la recién iniciada nueva Política Agraria Común (PAC), comienza la discusión de la que regirá a partir de 2021. Y ante las voces recurrentes que vuelven a reclamar un tajo en las ayudas directas a los agricultores, Fernando Miranda, director de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, reivindicó su papel social en la conservación del medio ambiente. "Tenemos que aunar la PAC a los objetivos del cambio climático, debemos tener la capacidad de comunicar eso a la sociedad", afirmó frente a los que opinan que el llamado greening -ayudas directas vinculadas al medio ambiente que suponen el 30% del total- no está sirviendo para nada, o frente a los propios agricultores que se quejan de que se les imponen más cargas y obligaciones. "Si alguien decidiera que el greening no sirve, el presupuesto de la UE tendría más dinero pero medioambientalmente sería una catástrofe".

Así se manifestó en la conferencia agraria anual que antes organizaba Barclays y ahora Caixabank. El evento cumple 22 ediciones y en 10 de ellas ha participado Fernando Miranda, quizás el mayor experto en la PAC en la Administración española.

El alto cargo disertó sobre las propuestas de modificación de la actual PAC -con sólo un año de aplicación- dirigidas sobre todo a la simplificación. Se trata, por ejemplo, de acortar los plazos para abonar las ayudas o flexibilizar las condiciones de los anticipos, pero sobre todo afectan al greening, que ha tenido una aplicación tortuosa en la UE, aliviada en España porque el Gobierno decidió limitar el número de requisitos para obtener la ayuda. Así, de las 15 propuestas de simplificación a España le afectarán sólo tres, y sólo una será relevante: la prohibición de fitosanitarios en el 5% requerido para cultivos de interés ecológico (barbechos y leguminosas). En su turno de intervención, el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, criticó con dureza esta medida. "Se transmite la idea de que envenenamos a la gente, de que lo hacemos por gusto, pero no es posible mantener determinados cultivos sin controles de plagas o de malas hierbas", afirmó. Miranda respondió incidiendo en su propio argumento: hay una presión en Europa para eliminar el pago verde y no sustituirlo por nada. Por eso sugirió que lo mejor es aceptar estas exigencias y estar "preparados" para ello.

Otra modificación de cierta importancia para España, afirmó, es la de las ayudas a organizaciones de productores para que adquieran tamaño. "Quieren dirigirlas a países con menor grado de organización que España, sobre todo países del Este, y eso nos preocupa". No afectará, sin embargo, la libertad que dará la UE a los países miembros para que eliminen el concepto de agricultor activo como requisito para recibir ayudas. España lo mantendrá y seguirá "avanzando" en esta idea.

Miranda, por último, se refirió al Brexit, la salida del Reino Unido de la UE, "si se llega a hacer", ya que ve una gran incertidumbre en el proceso. En lo que afecta a la PAC el presupuesto total se reduciría en torno a un 5% (a partir de 2019, cuando se materializaría la salida) y en lo comercial España -que vende a las islas por 2.500 millones al año en el apartado de productos alimentarios- tendría problemas reales si la libra se devaluara fuertemente, ya que se reduciría la capacidad de compra del país británico.

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