El Gobierno ha garantizado a Bruselas que con la estrategia presupuestaria "responsable" puesta en marcha está asegurada la consecución del objetivo de déficit del 3,1% este año, "se aprueben o no los Presupuestos", seguirá tomando medidas para continuar con la consolidación fiscal e intensificará las actuaciones en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, entre otras.

Así figura en el Programa Nacional de Reformas de 2017, remitido a la Comisión Europea junto al Programa de Estabilidad Presupuestaria 2017-2020, en el que se compromete a seguir tomando medidas de consolidación fiscal con el fin de cumplir la meta de déficit del 3,1% del PIB fijada para este año, con el objetivo de que España saga del procedimiento de déficit excesivo en 2018.

En un contexto de prórroga de los Presupuestos de 2016, el Gobierno destaca que ha puesto en marcha una estrategia presupuestaria "responsable" que "garantiza la consecución de ese objetivo, se aprueben o no en el Parlamento los Presupuestos para 2017". Entre otras medidas, destaca la revisión integral del gasto en las administraciones públicas, la aplicación de medidas para garantizar que el esfuerzo fiscal es compartido por todas las administraciones, y la mejora de la transparencia y suministro de información presupuestaria y financiera por parte de las administraciones.

No obstante, señala que la lucha contra el fraude y la evasión fiscal "seguirá siendo prioritaria para el Gobierno", para lo que afirma que se intensificarán las actuaciones a nivel nacional, destacando el aumento del control de las grandes fortunas, la lucha contra la economía sumergida y las actuaciones contra la elusión fiscal de las multinacionales.

En la esfera internacional prevé seguir desempeñando un "papel activo" en las distintas iniciativas dirigidas a combatir el fraude y la evasión fiscal.

Según el Gobierno, en 2017 los ingresos por lucha contra el fraude continuarán incrementándose al mismo ritmo que en ejercicios pasados, impulsados por la entrada en vigor de nuevas medidas con la reforma de la Ley General Tributaria aprobada a finales de 2015 y los nuevos sistemas de intercambio y suministro de información.

Actualmente está en fase de preparación el proyecto de ley de lucha contra el fraude que incluirá, entre otras medidas, la nueva limitación cuantitativa de pagos en efectivo, que pasará de 2.500 a 1.000 euros, y se regulará la posibilidad de no incluir en las listas de deudores a la Hacienda Pública a aquellos obligados que efectúen el pago, incluso tras comunicarles su potencial inclusión.

Asimismo, se modernizará el sistema de precintas para bebidas alcohólicas u obligaciones formales en el ámbito del Impuesto sobre Labores del Tabaco, y se incluirá el cobro de la deuda pendiente de los obligados tributarios.